En las últimas horas fue rechazado un pedido del empresario Juan Carlos Lascurain, ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) entre 2008 y 2010, para acceder a las pruebas. El pedido había sido formulado por su abogado, Marcelo Mónaco, quien consideró que la decisión “rompe las reglas básicas del debido proceso”.

Los cuadernos “desquemados” generaron una causa judicial para determinar de qué manera se pudo haber revertido el daño que el fuego debió haber causado en los manuscritos. No había muchas hipótesis de investigación: o los cuadernos que el periodista Cabot entregó al fiscal Carlos Stornelli en 2019 eran apócrifos, o eran los que figuraban en copias en el expediente desde el primer día y Centeno jamás los había quemado.
Pese a la aparente simpleza de la investigación, en abril de 2021 el juez Julián Ercolini cerró el expediente -sin adjudicar responsabilidades a nadie- por “imposibilidad de proceder”.
La aparición de los supuestos originales de los cuadernos fue una novedad conmocionante para la causa, que ya estaba asignada al Tribunal Oral. Sobre la base de las fotocopias con que se manejaron desde que estalló el caso el difunto juez Claudio Bonadio y el fiscal Stornelli, un empresario, Armando Loson (del Grupo Albanesi) encargó un peritaje privado que encontró casi dos mil irregularidades: anotaciones ocultadas con líquido corrector, borrados, sobrescritos, correcciones, tachaduras y hasta cambio de nombres originales por otros sobre agregados.
Entonces comenzaron a llegar al tribunal los pedidos para revisar y peritar esos originales. Pero los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero sistemáticamente denegaron el acceso a esa prueba fundamental para la acusación y, sobre todo, para la defensa de los imputados. Castelli es uno de los jueces cuya continuidad en el tribunal está cuestionada puesto que fue trasladado allí por decreto del ex presidente Mauricio Macri desde un tribunal de similar jerarquía pero de la provincia de Buenos Aires. La resolución del tema está demorada desde hace un año y medio en la Corte Suprema.
En las últimas horas, el tribunal rechazó un pedido del empresario Juan Carlos Lascurain, ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) entre 2008 y 2010, para acceder a los supuestos originales de los cuadernos. El pedido había sido formulado por su abogado, Marcelo Mónaco, quien consideró que la decisión “rompe las reglas básicas del debido proceso”.
“Agréguese la presentación efectuada por la defensa de Juan Carlos Lascurain, y a lo peticionado corresponde hacer notar que, tal como ya se hiciera saber, el Tribunal arbitró los medios necesarios para obtener fotografías digitales de alta definición de la documentación remitida con fecha 25 de octubre de 2019 por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, teniendo en miras, entre otras, la garantía de defensa en juicio, invocada por la parte, que no sólo asiste a Lascurain sino a los restantes cuarenta y cuatro imputados”.
Las fotografías de alta definición no son los originales. En una fotografía no pueden determinarse la antigüedad del papel, o de la tinta, o la continuidad de la grafía. Y saber cuándo fueron escritos los cuadernos es fundamental para determinar si se trata de una causa por hechos de corrupción o de una operación de inteligencia.
Lo más curioso del caso es que también Centeno pidió ver los cuadernos porque insiste en que los quemó. Pero también a él le dijeron que no. Es decir: Centeno no sabe si los cuadernos son los que dice haber escrito a lo largo de los años, si son otros, si son los que escribió hoy, si alguien los rescató indemnes del fuego o si también él es víctima de una operación que lo usó como un profiláctico y ahora evalúa cómo descartarlo por el inodoro.
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