En dos días se cumple el plazo que suspendió la sesión que debe dar su voto de confianza al nuevo gabinete. Intentan instalar la figura de "incapacidad moral".
El nuevo blanco de los partidos de derecha en Perú es el ministro del Interior de Perú, Luis Barranzuela, contra quien los congresistas de Renovación Popular (RP) Jorge Montoya y Alejandro Muñante presentaron una moción para exhortar al a que pida la salida del cargo de Barranzuela, por una supuesta fiesta en medio de las restricciones por la pandemia.
“El pasado 31 de octubre, el señor Luis Barranzuela Vite realizó una fiesta en su domicilio, pese a las restricciones impuestas por su propio sector a todo tipo de evento que genere aglomeración. Lo que demuestra una clara vulneración a las normas emitidas por el Gobierno por parte de uno de sus integrantes”, señala el documento de RP.
“La presencia de contadas personas en mi domicilio obedeció a una reunión de coordinación frente a los conflictos al interior del país y de ninguna forma de carácter social o evento masivo”, explicó el ministro y aclaró que otros funcionarios “estuvieron en contacto vía zoom”, entre ellos el ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, según la estatal agencia Andina.
Barranzuela ya era de por sí resistido porque fue abogado de los dirigentes de PL en los casos de supuesta corrupción y porque es allegado a productores de coca. La instalación del rechazo a los nombramientos de Castillo, que recientemente reemplazó a casi todo su gabinete, es un argumento que esgrime la oposición para invocar la «incapacidad moral» del presidente y con ello decretar la vacancia presidencial, una figura contemplada en la constitución que el Ejecutivo intentó regular, sin lograr el apoyo opositor.
Otro elemento que se debate en Perú estos días es que el fiscal que sigue el caso contra dirigentes del partido oficialista Perú Libre por supuesto lavado de activos, Richard Rojas, dijo que hay indicios contra la vicepresidenta, Dina Boluarte, lo que fue presentado por algunos expertos como otro paso en una supuesta intención de derribar a Castillo.
«El Congreso tiene un solo punto en la agenda: la vacancia presidencial. Y la investigación a Boluarte allana el camino», dijo a medios locales el exfiscal supremo Avelino Guillén, quien acusó a Rojas de «subjetivismo y sesgo». Si la vicepresidenta no pudiera asumir la jefatura de Estado tras una hipotética caída de Castillo, ésta pasaría a quien fuera presidente del Parlamento, Maricarmen Alva, quién negó ser parte de una planificación semejante. Alva pertenece al centrista y moderado partido Acción Popular.
El jueves se cumplen los 10 días de espera propuestos para continuar con la sesión legislativa, y todavía no hay seguridad de si el Congreso le dará luz verde a la primera ministra, Mirtha Vásquez, o si habrá un rechazo que gatillaría el punto de mayor choque entre un Legislativo controlado por fuerzas de derecha y el Gobierno de Castillo.
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