Asociaciones civiles y legisladores de la oposición le piden al Ejecutivo porteño que establezca esa medida en el marco de la emergencia por el coronavirus, para disminuir el flujo de personas en subtes y colectivos. Detrás, un negocio irregular que mueve millones.

Sólo en subtes viajan casi 1,5 millones por día, y lo mismo en colectivos, aunque en este caso también atañe a Provincia. Por eso, desde ONGs y legisladores de la oposición impulsan que el Ejecutivo acepte liberar parquímetros y estacionamientos medidos durante la emergencia. Algo que no parece fácil, teniendo en cuenta la connivencia entre el macrismo y el negocio del acarreo, con dos empresas que tienen el contrato vencido hace 20 años, pagan cánones irrisorios y obtienen millones por día.
«Exigimos el levantamiento del estacionamiento medido a fin de colaborar en la disminución de pasajeros en transporte público. Hasta ahora gana el negocio de las dos empresas ‘amigas’ por sobre el sentido y el bien común de los vecinos. Qué espera Larreta…», apunta Juan Chavarri, presidente Asociación Vecinal No al Parquímetro. En el mismo sentido, según pudo saber este diario, avanza un proyecto de Leandro Santoro (FdT) en la Legislatura porteña para que se concrete esa medida los días que dure la emergencia.
El texto de Santoro contiene las firmas de casi todo el bloque del Frente de Todos y también de representantes del GEN y de la UCR/Evolución. Propone que se habilite el estacionamiento de vehículos en todas las calles y avenidas de la Ciudad en ambas manos, sin que eso conlleve sanción. Que en las aceras donde hay «estacionamiento medido» quede «provisoriamente deshabilitado», y haya libre circulación entre las avenidas Santa Fe, Alem, Belgrano y 9 de Julio. Y acota que «en aquellos sectores donde la prohibición de estacionar sea las 24 horas actualmente (como rampas para discapacitados o entrada a hospitales), la norma se mantiene vigente».
Si el gobierno porteño quisiera resarcir por 15 días a las dos empresas que hoy manejan el acarreo en la Capital Federal (Dakota–STO y BRD–SEC) no debería destinar demasiado dinero: apenas 55 mil pesos a cada una. Ese es actualmente el canon, hasta que se apruebe el nuevo sistema, que dividirá la Ciudad en cinco zonas. Proyecto que el oficialismo sigue demorando, lo que significa extender las ganancias y la irregularidad vigentes. De hecho, la licitación está vencida desde 2001, con contratos prorrogados todos los años por la Ciudad.
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Mientras tanto, haya o no pandemia, las firmas siguen recaudando. Cada una gana más de 30 millones de pesos por mes, cobrando 3000 pesos el acarreo, sumado a otros 3000 pesos de multa. Desde que asumió el Pro a fines de 2007, el servicio aumentó un 5300 por ciento, y se calcula que este año las grúas ganarán hasta diez veces más. El parquímetro también subió su tarifa a principios de año un 66%: de 15 a 25 pesos. En el nuevo sistema, Larreta busca que haya estacionamiento medido en 13 de las 15 comunas. De los 4000 medidores actuales pasarán a 86.768 terminales multipropósito.
«El negocio no son los parquímetros, son las grúas», apuntó Juan Chavarri, de la asociación No a los Parquímetros. «La relación entre el gobierno y las dos empresas actuales es muy cercana. Todo se hace a medida de ellas. El gobierno les fabrica las playas de acarreo, les permite pintar horizontal y verticalmente donde quieran, y encima les pone 220 agentes de tránsito a su servicio, un 10% de la planta total», completó. Si el gobierno porteño decretara hoy la suspensión de los parquímetros y acarreos en la Ciudad por dos semanas, las dos empresas de grúas igualmente ya habrán tenido ganancias este mes: cubrir el canon a cada una de las dos firmas les demanda apenas 18 acarreos por día. Este mes, ya llevan casi 5 mil.
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