Reclamaron penas de 22 y 25 años de prisión a los responsables de la Masacre en el Pabellón Séptimo de Devoto

El histórico juicio por la Masacre en el Pabellón Séptimo de Devoto entró en la etapa final con los alegatos de la querella de víctimas y familiares, que este miércoles reclamó al Tribunal Oral Federal 5 que se condena a los tres ex miembros del Servicio Penitenciario Federal a penas de 22 y 25 años de prisión por los tormentos seguidos de muerte contra 65 detenidos que murieron el 14 de marzo de 1978 y los tormentos contra los 88 sobrevivientes. 

Durante el alegato, a cargo de las abogadas Claudia Cesaroni y Natalia D’Alessandro,  pidieron que el exdirector del Instituto de Detención de Devoto Juan Carlos Ruiz sea condenado a 25 años de prisión como autor mediato de esos delitos y que Horacio Martín Galíndez, exjefe de la División Seguridad Interna, y Gregorio Zerda, celador de la División Seguridad Interna, reciban penas de 25 y 22 años respectivamente como coautores de los crímenes. 

“Hay una consigna que sintetiza  el reclamo de sobrevivientes y familiares: mientras no haya justicia, el fuego seguirá quemando”, señaló emocionada Cesaroni al finalizar el pedido de penas y sostuvo: “Esta historia tiene memoria, tiene relato y tiene verdad. Lo que no ha tenido hasta ahora es justicia y reparación para las víctimas.  Eso es lo que venimos a pedir 47 años después de los hechos, 12 años después de la reapertura de la causa:  pedimos que tomen una decisión justa para que de una vez por todas aquel fuego del 14 de marzo de 1978 deje de lacerar los cuerpos de los sobrevivientes y el corazón de las familias de las víctimas”. 

Los hechos que son juzgados ocurrieron entre el 13 y el 14 de marzo de 1978, cuando una requisa extremadamente violenta ingresó al pabellón a los golpes contra los detenidos, quienes se resistieron y colocaron sus camas de hierro para bloquear el paso. Cuando no pudieron ingresar, los guardias comenzaron a disparar gases lacrimógenos y balas de plomo desde detrás de las rejas y se desató la masacre.

Para impedir la visión de los represores y cubrirse de los disparos, los presos colocaron sus colchones sobre las camas, que minutos después se incendiaron. Se desconoce cómo se inició el fuego pero el pabellón entero se cubrió de humo y fuego en muy poco tiempo. 

Nadie apagó el fuego ni les permitió salir del pabellón, señalaron los sobrevivientes. “Lo único que hizo el Servicio Penitenciario fue dejarnos morir cocinados, asfixiados y cuando quisimos respirar asomándonos por las ventanas nos bajaban a balazos”, reconstruyó Hugo Cardozo durante la instrucción de la causa.  Cuando se terminó de consumir lo que había en el lugar, el incendio se apagó solo. El sobreviviente relató que quienes pudieron salir caminando, fueron recibidos con más golpes y bastonazos.

“Creemos que quedó completamente demostrado el sufrimiento, el padecimiento, la intención de los penitenciarios imputados”, señaló D’Alessandro durante el alegato y detalló la responsabilidad de cada uno de los acusados: “Ruiz como director, intervino como autor mediato en los tormentos seguidos de muerte y en los tormentos de los que fueron objeto los 88 sobrevivientes. En el caso de Galíndez, en su condición de jefe de seguridad interna, omitió llevar a cabo las acciones para combatir el fuego que se desató en el pabellón con el objetivo de aprovechar el fuego para castigar a los internos que se habían revelado contra la autoridad; y en el caso de Zerda, en su condición de celador, participó en la represión contra los internos y una vez iniciado el incendio, omitió llevar a cabo las acciones necesaria para combatirlo como medio para infligir un grave sufrimiento a la población penitenciaria, situación que devino en la muerte de 65 personas que estaban allí alojadas”. 

Además de las penas, las abogadas de víctimas y familiares reclamaron una serie de medidas reparatorias al tribunal, integrado por Nicolás Toselli, Adriana Palliotti y Daniel Obligado. Solicitaron que se exhorte al Ministerio de Seguridad a que garantice condiciones dignas de detención a las personas alojadas en el Complejo Penitenciario Federal de Devoto; que se ordene al Servicio Penitenciario Federal que pida disculpas públicas a las víctimas; que se publique la sentencia en la página de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Servicio Penitenciario Federal y que se ordene la incorporación de las 65 víctimas en el monumento del Parque de la Memoria y que se incluyan las víctimas de la masacre en las leyes reparatorias.  

En cuanto al edificio del Penal de Devoto, reclamaron que el Tribunal ordene al Poder Ejecutivo Nacional y al porteño que suspendan cualquier proyecto que implique la demolición de la cárcel y que cuando ya no se use para alojar a personas privadas de la libertad, se cree allí un espacio de memoria con participación de sobrevivientes y familiares de la masacre de Pabellon Septimo. 

Por último, pidieron que se ordene a los diarios Clarín, Crónica y La Nación a que publique información veraz y rectifiquen la información publicada en 1978 sobre que esos hechos configuraron un motín.

Las audiencias continuarán la semana próxima con el alegato del Ministerio Público Fiscal.