El caso escaló fuera del país por una presentación del CELS que señala las arbitrarias detenciones a más de un mes de los arrestos. Además, una comitiva de DDHH visitó a Nahuel y Roque en la provincia.
En el caso de Naciones Unidas, el texto «en defensa de su derecho a la libertad de expresión» estuvo dirigido a la relatora especial de la ONU para la Libertad de Expresión, Irene Kahn, por CELS, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales (ANDHES).
«Es fundamental que la CIDH comprenda que la actuación del poder judicial jujeño se aparta de estándares internacionales que Argentina se comprometió a cumplir en materia de libertad de expresión y que le requiera al Estado información al respecto», remarca el pedido elevado a Roberto Clarke, presidente del organismo.
Integrada por algunos miembros de la “Coordinadora Nacional por la libertad de Nahuel y Roque”, la comitiva continúa sumando nuevas acciones para acompañar a las familias y amigos de los detenidos para repetir el pedido de su inmediata liberación y desprocesamiento. «Este proceso de criminalización y encarcelamiento tiene efectos disuasorios, disciplinantes y amedrentadores sobre toda la sociedad, que verá limitado su ejercicio a la libertad de expresión, dentro o fuera de las redes sociales», concluye el comunicado que difundieron las organizaciones luego de la presentación internacional.
A la vez, el último martes una comitiva visitó a Roque y Nahuel, ambos privados de su libertad desde el 4 de enero pasado. Entre las organizaciones, además del CELS, estuvieron el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), el Centro de Profesionales de los Derechos Humanos (CEPRODH), la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, la CONADU Histórica, CTA Autónoma, Asociación de Docentes Universitarios de La Plata, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de Salta.
El Amicus Curiae se suma a los dos informes ya realizados en la causa por el CELS y la Asociación Pensamiento Penal, que advirtieron tanto al el juez, Roberto Assef, y del fiscal general, Walter Rondón, por las graves irregularidades en la imputación y en el dictado de la prisión preventiva Nahuel -docente, padre de dos hijas- y Roque -trabajador independiente-.
Desde el 4 de enero pasado, Morandini y Villegas están detenidos con prisión preventiva a raíz de una denuncia de Tulia Snopek, esposa de Gerardo Morales, quien sostiene que las publicaciones de los detenidos lesionaron los derechos de su hija. A partir de esa situación, el reclamo fue creciendo, se nacionalizó, recibió respaldos y también se escuchó en el Congreso durante las sesiones extraordinarias.
Ahora la exigencia de la inmediata liberación también tiene rango internacional por la presentación tanto ante la CIDH y la ONU. «Todos estos métodos representan la utilización del derecho penal para criminalizar la libertad de expresión», advierten desde los múltiples organismos que llevaron adelante la acción.
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