Recompra de deuda, un intento de despejar el riesgo de default

Bajo la pomposa consigna de “Deuda por Educación”, el gobierno anunció una operación de recompra de bonos de deuda con la que intentará fortalecer la paridad de los títulos soberanos y a la vez despejar de vencimientos el horizonte más cercano.

El anuncio fue uno de los últimos que realizó Pablo Quirno antes de dejar la Secretaría de Finanzas. El ahora designado canciller informó que la operación “consiste en recomprar deuda soberana argentina en el mercado y reemplazarla por financiamiento a tasas más bajas gracias al apoyo de agencias y organismos multilaterales”. También dijo que el JP Morgan será el banco que dará asistencia técnica en ese proceso y que “los ahorros generados por esta operación serán destinados a consolidar la inversión educativa de largo plazo”.

Llama la atención el súbito compromiso con la educación de un gobierno que entre sus primeras medidas degradó el ministerio del área al rango de secretaría y que eliminó el Fondo de Incentivo Docente. También congeló el presupuesto universitario, impulsó auditorías que jamás aplicó en otros rubros (por ejemplo en la compra de medicamentos en la Andis) y hasta incumplió con el aumento de la financiación a las universidades nacionales que dispuso el Congreso. Según datos de la CTERA, el proyecto de Presupuesto 2026 para educación y cultura será de sólo 0,75% del PBI, la mitad que en 2023.

Bastante menos sorprende que el JP Morgan vaya a participar de la operación. Por ese banco pasó la cúpula del equipo económico: Luis Caputo, Santiago Bausili, José Luis Daza, Vladimir Werning y el propio Quirno. Se descuenta que la colaboración de la entidad (que en la última semana realizó una cumbre ejecutiva en Buenos Aires) no será gratuita.

Por ahora, la falta de precisiones inscribe a la iniciativa en el mismo nivel de vaguedad que la participación de un consorcio de bancos para generar un paquete de U$S 20.000 millones que se sumará al swap del gobierno estadounidense. Se desconoce si la ambigüedad de los anuncios responde a alguna cláusula secreta, si las negociaciones todavía no están cerradas o si es una cortina de humo para que la narrativa oficial recupere la fuerza perdida.

¡Pague ya!

Para el gobierno, la gracia del este mecanismo de recompra de deuda, conocido como “debt buyback” en la jerga financiera, es aprovechar la diferencia entre el precio nominal y el de mercado. Al pagar de contado inmediato (todavía no está claro con plata de quién ni obtenida en qué términos), no sólo se ahorra dinero sino que se saca de encima los vencimientos. Y esa es la gran preocupación de los acreedores, que temen un default para 2026 teniendo en cuenta el volumen de las obligaciones y la precaria situación de divisas del Banco Central.

La consultora 1816 realizó un ejercicio considerando la cantidad de bonos en circulación, su valor nominal y la paridad actual. Así calculó que con U$S 16.300 millones “cash”, el gobierno podría rescatar los Globales y Bonares en manos privadas que vencen en 2029 y 2030, que totalizan unos U$S 22.500 millones. No sólo ahorraría U$S 6200 millones, sino que se sacaría de encima los pagos de capital e intereses por los próximos cinco años: la primera amortización del bono que le sigue (el GD 35) recién está prevista para comienzos de 2031. Otra especulación, hecha por la consultora LCG, incorpora los bonos de 2035 pero reduce la operación sólo a los Globales bajo legislación extranjera.

La maniobra también redundaría en una suba en la cotización de los bonos, tanto por la mayor demanda como por despejar el riesgo de default. Esto reduciría la tasa de interés de los títulos y abriría el camino para nuevas emisiones en los mercados internacionales. El otro lado de la historia es saber cómo conseguirá el gobierno los fondos para concretar tal operación. Se descuenta que le va a buscar la vuelta para que la alquimia financiera no implique la figura de un préstamo en divisas que necesite la autorización del Congreso. «