Reconvertir los servicios de inteligencia, un dilema clave para la nueva etapa política

Exhortar es un término que se repite en los fallos y textos judiciales. Es una forma elegante de decirle a alguien lo que tiene que hacer sin que aparezca la palabra «deber». Hace poco menos de cinco meses, la Corte Suprema de Justicia sacó una acordada más parecida a un reto que a una sugerencia. «Exhortar a los jueces con competencia penal para que apliquen de forma restrictiva la norma que los faculta a requerir la intervención a la Agencia Federal de Inteligencia», escribieron. La firmaron Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

Con esa oración, la Corte intentó limitar no sólo la difusión de escuchas judiciales de manera indiscriminada sino que también lanzó un mensaje puertas adentro del Poder Judicial: la AFI no puede intervenir en todos sus expedientes. La relación de dependencia y amiguismo estaba expuesta.

Los servicios de inteligencia en Argentina mantienen una relación tóxica con sectores políticos y judiciales. La información que circula por La Casa (el edificio central ubicado en la calle 25 de Mayo, a metros de la Rosada) suele desbordarse de los límites legales. El festival de escuchas filtradas, las denuncias misteriosas presentadas con partes de inteligencia, el uso de la información por parte del gobierno para apuntalar causas y hasta negarles la entrada al país a periodistas (como pasó en noviembre de 2017 con las jornadas de la OMC), son algunos ejemplos de cómo la información reservada se convierte en información pública.

Capas geológicas de agentes y manejos se arrastran desde la dictadura, donde los servicios de inteligencia funcionaron como pata central de la represión. La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), luego denominada Secretaria de Inteligencia (SI) y actualmente llamada Agencia Federal de Inteligencia transitó los últimos cuatro años (otra vez) como un actor de reparto al que nadie le prestó demasiada atención.

Operaciones y proyectos

Desde el 12 de agosto de 2019, los rumores sobre lo que podría suceder con la inteligencia argentina dominaron Comodoro Py. La disolución de la AFI fue anunciada, inclusive, hasta en un tuit de Luciana Salazar. «Los servicios de inteligencia protagonizaron historias muy oscuras en la política argentina. Tomárselos a la ligera difundiendo información falsa es una actitud que no ayuda», le contestó Santiago Cafiero, uno de los hombres más cercanos a Alberto Fernández.

¿Eso significa que está descartado cualquier tipo de cambio? Desde el entorno del presidente electo sostienen que la AFI es un organismo clave pero «delicado» y que cualquier modificación es sensible, aunque eso no significa que no se esté trabajando en el tema. El mismo Alberto Fernández comentó, hace unas semanas, que el sistema «no funciona bien» desde hace años. La incorporación de Gustavo Béliz fue leída en Comodoro Py como el regreso de un viejo enemigo. No se olvidan de sus intentos de reformar la Justicia federal y también el funcionamiento de la inteligencia. Béliz fue eyectado del Ministerio de Justicia por cuestionar a Jaime Stiusso y mostrar después su foto en un programa de televisión.

¿Qué se puede hacer con una estructura plagada de irregularidades y de puntos oscuros? La Iniciativa Ciudadana de Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) presentó, en marzo de este año, un documento donde plantearon la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia y la creación de un organismo que se dedique exclusivamente «al análisis de las problemáticas relevantes en materia de defensa nacional y seguridad interior de la Nación».

«Se puede disolver la AFI si se implementa una reforma profunda; repensando los controles, con voluntad política», asegura Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del Cels. Uno de los puntos en los que hace hincapié es en cómo usan los jueces a la inteligencia: «La Justicia federal viene usando la AFI como si fuera una fuerza federal, como si cumplieran funciones de policía y al Poder Judicial esto le sirve porque resuelve algunos problemas que no le puede resolver la Policía».

Otro de los puntos cuestionables es el manejo secreto de todos los fondos, decisión que tomó Mauricio Macri en 2016. «Es muy difícil controlar el funcionamiento de la AFI si todo es secreto», apunta Litvachky. Por eso es que sostiene que una posible reforma debe encararse bajo dos ejes: para qué está la inteligencia argentina y cómo se controla ese sistema.

Los sucesores de Arribas y Silvia Majdalani son la otra incógnita a despejar en los próximos meses. Los (o las) elegidos deberán pasar por una audiencia pública y conseguir la mayoría de votos en el Senado. Esa elección también será clave para leer la inteligencia que se viene.