Las mujeres se reunieron en la Cámara de Diputados de la Nación con las principales referentes de la red quienes presentaron el Ante-Proyecto de Ley de Género en Fuerzas de Seguridad de la Nación.

El eje del planteo de las mujeres de la red es que el reglamento – con sus variantes provinciales – data del año 1971, cuando ni siquiera había mujeres en las fuerzas de seguridad, y por lo tanto no las contempla en absoluto. Al respecto la diputada Nilda Garré decía: “realmente no tienen derechos, no son ciudadanas, ni siquiera son trabajadoras públicas, ni siquiera tienen los derechos a licencia por maternidad”.
La doctora Mariana Herrera, abogada de la Red y autora del anteproyecto, explica que el mismo “refleja todas las necesidades que tienen las policías y sobre todo frenar estos casos de abuso, violencia y corrupción dentro de las fuerzas de seguridad para con las policías mujeres. Hay que frenar el índice de violencia tan alto, especialmente de violencia sexual dentro de la fuerza”.
Las referentes de las distintas provincias que pudieron viajar al encuentro fueron dando sus testimonios, ya que todas ellas fueron víctimas de uno de los sistemas más patriarcales de hoy, que son las fuerzas de seguridad policiales.
Así fueron describiendo un modus operandi casi calcado en todo el país. “compañeras sumariadas y con pedido de baja por denunciar, se nos obstruye el acceso a la justicia y no se nos reconoce como sujetas de derecho”, cuenta Gabriela Macias, Referente de la Red de Policías con Perspectiva de Género.
Entre los testimonios se relató que no les permiten embarazarse, les hacen el análisis todos los meses y si da positivo tienen dos opciones: la baja o que las “bailen” hasta abortar, situación esta última que ni siquiera amerita para la fuerza una licencia por aborto “espontáneo”.
También el frecuente que las estigmaticen con carpetas psiquiátricas, lo que significa magros ingresos y la imposibilidad de ascender o que las trasladen con todo lo que ello implica. Son todas formas de disciplinarlas, pero ellas decidieron hace aproximadamente tres años cambiar este estado de situación.
Y finalmente llegaron al Congreso de la Nación.
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