El representante de los jueces, Gallo Tagle, se opuso en el Congreso al traspaso de la Justicia nacional al ámbito de la Ciudad y le cortaron el micrófono. La causa Correo como telón de fondo.
La Corte Suprema debe pronunciarse sobre ese punto que Javier Milei intenta convertir en ley pese a que el propio jefe de los abogados del Estado, Rodolfo Barra, considera que es inconstitucional. El máximo tribunal está llamado a pronunciarse sobre lo que ahora está en discusión parlamentaria, pero no parece tener apuro: el expediente está a estudio desde mediados de 2021, y rebota de despacho en despacho como una pelota de ping pong.
El martes pasado, el ex presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) Marcelo Gallo Tagle expuso durante sólo 12 minutos ante el Plenario de Comisiones. En nombre del organismo que reúne a jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios de alto rango, y que representa a la corporación Judicial, fundamentó su rechazo al traspaso de la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los puntos centrales en materia judicial de la ley ómnibus.
“Vemos en esto cuestiones de oportunidad. Hoy nos aquejan situaciones de muchísima gravedad, básicamente de orden económico y no parece que la ciudadanía hoy esté preocupada por un tema como es el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires”, dijo.
En ese contexto, advirtió que “de ocurrir esto, se alargarían los procesos. Se agrega una instancia más en el tratamiento de los procesos, debería intervenir el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual se genera una cuarta e innecesaria instancia”.
Ese es el punto clave que beneficia (porque está ocurriendo actualmente) a la familia Macri. Y, en caso de ser aprobado, le garantizaría -mediante la reforma legislativa impulsada por el presidente, Javier Milei- seguir pateando para adelante un tiempo impredeciblemente largo la Causa Correo Argentino S.A., que ya lleva más de 22 años de tramitación.
La jueza en lo Comercial Marta Cirulli decretó el 5 de julio de 2021 la quiebra del Correo Argentino S.A. Más de un año más tarde, la Cámara del fuero suspendió la continuidad del proceso de quiebra hasta tanto la Corte se pronunciara sobre un planteo de la empresa de los Macri: que el Tribunal Superior porteño (TSJ) debía revisar las decisiones de la Justicia Nacional. Esa inédita intervención de un tribunal porteño sobre decisiones de otro nacional no es nueva y figura, entre otros expedientes, en la obstinada recusación de la empresa de los Macri contra la fiscal Gabriela Boquín.
El fuero Comercial es de carácter nacional. Nunca hasta ahora el TSJ tuvo facultad para revisar sus decisiones. Eso es lo que, por vía oblicua, intenta imponer la ley ómnibus, mientras la Corte finge demencia y demora su pronunciamiento.
“No puede el TSJ ser tribunal de alzada de las Cámaras Nacionales”, proclamó el juez Gallo Tagle ante el Plenario de Comisiones. Y comenzó a citar un artículo escrito en el diario La Nación en diciembre de 2016 por Barra, en su calidad de exjuez de la Corte y ex convencional constituyente. El actual procurador del Tesoro también se oponía –en aquel artículo- al traspaso y, claro está, a que el TSJ revisara los fallos de los tribunales nacionales.
El diputado de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales Nicolás Mayoraz interrumpió a Gallo Tagle para pedirle que “redondeara”. El juez se quejó del escaso tiempo para exponer sobre un tema de trascendencia actual y futura, anunció la presentación de un documento con la profundización de la crítica y, entonces, subrepticiamente su micrófono se apagó. “Lo siento, doctor, si puede acompañar después ese documento… gracias. Termine, doctor”, le espetó, incómodo, Mayoraz.
La intervención forzada del TSJ en procesos de los tribunales nacionales es una de las herramientas utilizadas por los abogados de Correo Argentino S.A. para prolongar indefinidamente el expediente, que está próximo a cumplir un cuarto de siglo juntando papeles en tribunales.
Nunca, en la historia del Poder Judicial, había ocurrido que un tribunal se metiera por la ventana en la revisión de una decisión sin tener competencia para ello. Para darle amparo legal, durante el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta la Legislatura de CABA (que sólo tiene jurisdicción en el ámbito porteño) sancionó una ley autorizándolo. Una jueza en lo Contencioso Administrativo Federal la suspendió a pedido de, justamente, la Asociación de Magistrados.
La Cámara Civil porteña fue más allá: dictó la inconstitucionalidad de la norma, argumentando que “deviene reñido con la ley suprema, que la legislatura local en el ejercicio regular de sus atribuciones sustituya a los otros poderes del Estado –en este caso el Congreso Nacional– en las funciones que le sean propias para crear un recurso procesal no sancionado por el legislador nacional”.
También el procurador general adjunto de la Nación Víctor Abramovich dictaminó que el TSJ no tiene competencia para revisar los fallos emitidos por las cámaras de los fueros nacionales de la Capital Federal. El procurador interino eterno Eduardo Casal no se pronunció, por lo cual el criterio expresado por su adjunto es la postura de la Procuración. Abramovich, además, ya había dictaminado en igual sentido ante un reclamo de la familia del difunto artista plástico León Ferrari al periodista y marchand Gabriel Levinas por haber vendido y no haberle liquidado el importe de sus cuadros.
No es que los jueces se hayan puesto de repente en contra de Macri. Pero tampoco van a resignar sus prerrogativas y beneficios de clase por bancar al ex mandatario y frustrado vicepresidente de Boca Juniors, por muy simpático que les caiga. «
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NO es sólo "correo". Son MUCHAS las causas que, de cambiar jurisdicción y por SOCIEDAD CON LOS JUDICIALES, HARÁN ZAFAR A LOS DELINCUENTES, y más de ESA familia.