Registran un aumento exacerbado de presos con penas cortas en el Sistema Penitenciario Federal

La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) realizó recientemente una recopilación y un análisis de los informes focalizados sobre cómo fue evolucionando la población de personas encarceladas condenadas con penas de hasta 36 meses en el Servicio Penitenciario Federal (SPF). El estudio abarca datos desde el 2005.

El informe es producto de un profundo trabajo que este organismo de control viene realizando y sosteniendo en el tiempo. Son datos construidos a partir de los monitoreos que los equipos de la PPN realizan continuamente en los establecimientos de encierro. Además, también realizan monitoreos en alcaidías y comisarías de la Ciudad de Buenos Aires y publican los resultados continuamente.

Las estadísticas construidas

Desde 2017 el Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación viene generando “informes focalizados sobre la evolución de personas encarceladas condenadas con penas de hasta 36 meses en el Servicio Penitenciario Federal, también en alcaidías y comisarías de la Ciudad de Buenos Aires”, repasó Ariel Cejas Meliare, procurador adjunto interino de la PPN, en diálogo con Tiempo. 

“A partir de esto pudimos advertir que hubo un ascenso en este tipo de penas, pero con cierta intensidad durante 2016-2017, esto coincide con la fuerte entrada de la Ley de Flagrancia y la reforma de la Ley de Ejecución de la Pena”, señaló el procurador adjunto.

Este aumento exacerbado de personas condenadas a penas cortas generó: “Que desde el año 2020 se produzca un cambio en la política de ingresos al SPF; esto provocó que los condenados paguen sus penas en dependencias de las Policías de CABA”; explicó.

“Durante el periodo de 2005 a 2022 pudimos observar que la cantidad de detenidos y detenidas con penas privativas de libertad de más de 3 años y hasta 36 meses tiene una tendencia en alza; así lo mostró el fenómeno en la práctica”, apuntó.

Continuó relatando que, “del análisis realizado destacamos que el porcentaje de personas condenadas con penas cortas se incrementó un 474% mientras que, en el otro tipo de penas, el alza fue de un 31%”, enumeró el procurador adjunto.

También explicó que la evolución mensual entre enero de 2022 y diciembre de 2023: “Produjo un aumento de 215 casos en la órbita del Servicio Penitenciario Federal; lo que representa un incremento del 23%”; señaló.

“Si consideramos que a todas las personas que permanecen en dependencias de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires les impusieron penas cortas, el aumento entonces sería de 499 casos más y el incremento total del 48%”, detalló Cejas Meliare.

Estos son los datos que surgieron del trabajo que realizamos en forma permanente desde hace décadas en las cárceles federales, como así también en las alcaidías y comisarías de la Ciudad de Buenos Aires, donde nuestros equipos realizan inspecciones para constatar las condiciones de detención de esas personas.

Además, este organismo de control también realiza monitoreos en establecimientos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Prefectura Naval Argentina (PNA) y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), donde también hay personas encerradas.

Alcaidías y comisarías

El procurador adjunto señaló que en las alcaidías y comisarías de la Ciudad de Buenos Aires los problemas que siempre se detectan, entre otros, son la sobrepoblación y negación de acceso a la salud. También se han encontrado grupos de personas que permanecen esposadas las 24 horas del día en quinchos, depósitos, oficinas, subsuelo, sectores de guardia interna y otros lugares, donde los detenidos permanecen con todos sus derechos vulnerados.

“Son personas que fueron detenidas por las distintas fuerzas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, cuya población está alojada en las alcaidías y comisarías porteñas y en estos lugares inadecuados que señalé antes”, sostuvo.

“En todo momento nosotros alertamos sobre que estos lugares no están adecuados para encarcelamientos prolongados, no pueden estar mucho tiempo en estos dispositivos, porque vulneran todos los derechos y la infraestructura no es la adecuada”, terminó.