El decreto anunciado por Adorni es la punta de lanza de una avanzada que coloca a los gremios como villanos y a los usuarios como rehenes.
Para avanzar en este sentido, el gobierno se aferrará al artículo 9° de la Ley N° 23.696 –Ley de Reforma del Estado sancionada durante el menemato. En tanto, una vez publicado el decreto, será comunicado al Congreso de la Nación para que apruebe la medida a través de la ley correspondiente. En paralelo, la Cámara de Diputados continuará con el tratamiento en comisiones del proyecto presentado por el legislador Hernán Lombardi (PRO), que contó con el apoyo anticipado del oficialismo, un sector de la UCR y el MID.
En tanto, la avanzada del oficialismo contra la aerolínea de bandera se da en medio del conflicto que mantienen los trabajadores aeronavegantes, que desde hace meses reclaman por el 75% de atraso que acumularon sus salarios desde la llegada del libertario a la presidencia.
El gobierno pretende avanzar con la privatización de la aerolínea tan pronto como sea posible. Pero, mientras esto suceda, en el oficialismo mantienen en el radar la posibilidad de concesionar la empresa a una compañía internacional que tenga el aparato suficiente para hacerse cargo del manejo de toda la operatividad. Esto, explican dentro de Casa Rosada, incluirá la utilización de aviones, pilotos y el resto del personal necesario que disponga la empresa que se haga cargo del managing. Por el momento, la medida sólo se aplicaría para vuelos de cabotaje.
En este marco, la semana pasada Guillermo Francos se reunió con los directores de la empresa brasileña GOL. Durante la cumbre, el jefe de gabinete expuso ante los empresarios el proyecto que tiene en mente el oficialismo y las intenciones de venta a futuro. La misma ronda de negociaciones se replicará en los próximos días con las aerolíneas Jet Smart y Fly Bondi.
En el gobierno evalúan una lista de posibles compañías de Latinoamérica que podrían desembarcar en el país para operar en lugar de Aerolíneas. Aunque todavía esquivan nombres propios y mayores detalles, algunas de las empresas que están en carpeta son Jet Smart, Latam (Chile), Azul Líneas Aéreas (Brasil) y Avianca (Ecuador). Esta última sería una de las favoritas.
El conflicto, que se arrastra desde hace meses y escaló en las últimas semanas, se sostiene por la falta de acuerdo entre el sindicato y el gobierno en la negociación de paritarias. Los gremios aeronáuticos, cuyos sueldos están congelados desde el inicio de la gestión libertaria, reclaman un aumento del 25% que les permita recomponer la pérdida de ingresos en los últimos meses. En el gobierno, en tanto, ofrecen 10,8%.
La imposibilidad de llegar a acuerdos propició un escenario de conflicto con el despliegue de paros generales dentro de los aeropuertos y cancelaciones de vuelos. Con este panorama, en el gobierno decidieron avanzar contra el gremio sin habilitar una nueva instancia de diálogo o cese del conflicto a través de la firma de una conciliación obligatoria. “No es una amenaza vacía, se la vamos a poner”, dijeron ante este medio desde adentro de Casa Rosada sin sonrojarse.
“Este mensaje es para que los gremios entiendan que no tienen ninguna posibilidad de ganar la discusión”, repiten dentro del gobierno. En tanto, y acrecentando aún más la amenaza, advierten que podrían replicar este tipo de maniobras con otros gremios que decidan no alinearse con los planes que el Ejecutivo busca imponer para su gestión.
Además, decididos a avanzar contra las cabezas sindicales, en el gobierno adelantaron que buscarán echar del directorio de Aerolíneas Argentinas al titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró. Esta aspiración está en línea con el inicio de un proceso penal contra el líder sindical por “amenazas y extorsión” tras los dichos del dirigente quien advirtió que el conflicto iba a recrudecerse.
En este sentido, en el oficialismo advierten que los aeronáuticos tendrán hasta el 17 de octubre como fecha límite para aceptar la propuesta paritaria que acercó el gobierno. La llamativa coincidencia de la fecha con la celebración del Día de la Lealtad peronista, sin embargo, no es una provocación. Ese día será el último en el plazo de 30 días que tiene la compañía estatal para ocupar el cargo del gerente de operaciones, vacante desde el 17 de septiembre tras la salida del entonces gerente, Gustavo García Lemos.
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