Manuel Moix reconoció su participación en una firma que, asegura, creó su padre en 1988 y que él no sabía que tenía.
El jefe de la fiscalía anticorrupción española, Manuel Moix, dimitió este jueves, tras reconocer que tenía una participación en una empresa offshore en Panamá, indicaron fuentes oficiales.
Moix presentó su renuncia, oficialmente por motivos personales, tres meses después de ser nombrado para el cargo.
El diario digital Infolibre había revelado el lunes que poseía el 25% de una sociedad registrada en Panamá. Dicha sociedad la había heredado de su padre, y figuraba como propietaria de una casa situada en las afueras de Madrid y valorada en más de 500.000 euros.
Sobre el fiscal Moix pesaba también en la prensa y la oposición la sospecha de que había sido nombrado por el gobierno conservador de Mariano Rajoy, para tratar de interferir en asuntos delicados, en un momento en que el gobernante Partido Popular (PP) está implicado en numerosos escándalos de corrupción.
Pese a la dimisión, el fiscal general de España, José Manuel Maza, reafirmó este jueves su apoyo a Moix, y dijo que éste no cometió «ningún tipo de irregularidad ni de ilegalidad».
«Tener la propriedad de un bien no obliga a comunicar una herencia a los superiores», explicó a la prensa el fiscal general, agregando que Moix gestionó dicho bien «con total transparencia, comunicación a Hacienda pública y pagando los correspondientes impuestos».
«No encuentro motivo alguno para poder cesar a este señor fiscal, pero tengo también que decirles que me ha presentado hace algunos minutos su renuncia al cargo. Renuncia por motivos personales», añadió Maza.
En una entrevista publicada el miércoles por el diario El Mundo, Moix, nacido en 1958, aseguró que descubrió la existencia de la sociedad offshore, creada en 1988, sólo cuando su padre falleció en 2012.
«No es que yo tenga una sociedad para operar en el extranjero como paraíso fiscal para evadir impuestos, al contrario, era una sociedad inactiva, y la declaré en España», aseveró Moix al diario El Mundo.
Esta semana, el sindicato Unión Progresista de Fiscales dijo que la fiscalía anticorrupción no podía estar encabezada por un funcionario «permanentemente cuestionado, siempre en el ojo del huracán y cuya conducta personal dista mucho de ser ejemplarizante».
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