Córdoba: La trama política detrás de la represión al cacerolazo que incluyó un periodista detenido

La policía provincial de Córdoba detuvo a cinco personas tras reprimir la movilización en reclamo al Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Javier Milei en la madrugada del jueves. Con balas de goma, gas pimienta y la presencia de un camión hidrante, las fuerzas de seguridad avanzaron por sobre los manifestantes dejando varios heridos.

Entre los detenidos se encontraba el periodista Rodrigo Savoretti, que pertenece a los medios cooperativos Enfant Terrible y El Resaltador, donde cubre la sección Internacionales. Al mediodía del viernes, la justicia provincial había dictado la libertad. Savoretti es egresado de Comunicación Social en Córdoba y nació en San Luis. Estaba por volver a su provincia para pasar las Fiestas junto a su familia.

Al igual que en varios puntos del país, la ciudad de Córdoba tuvo su propio cacerolazo autoconvocado. Pasadas las 8 de la noche, cerca de seiscientos vecinos se apersonaron en la zona de Patio Olmos, el centro comercial más destacado de la capital, en una manifestación pacífica.

Según pudo reconstruir este medio, a las nueve de la noche la policía provincial dio aviso al fiscal de Instrucción del Distrito IV Turno 1, Ernesto de Aragón, sobre el avance del reducido grupo de gente sobre la avenida Vélez Sarsfield, una de las arterias más importantes de la capital, impidiendo el paso del tránsito.

Según versiones oficiales, los agentes de seguridad se acercaron sin éxito a dialogar con los manifestantes para intentar disiparlos y liberar la avenida. Ante la negativa, y tras una hora de negociaciones, las fuerzas iniciaron el operativo para romper con el bloqueo. Desde la fiscalía advierten que la policía avanzó por sobre los manifestantes porque estos arrojaban “piedras y botellazos”. Testigos del hecho advierten que el intercambio comenzó después de que la policía decidiera reprimir.

Los detenidos Juan Celli, Santiago Cabral, Rodrigo Savoretti, Agustín Savoretti y Máximo Ciambella fueron imputados por resistencia a la autoridad, obstrucción de los medios de transporte y uno de ellos por lesiones. El fiscal a cargo del operativo confirmó a este medio que los manifestantes serían liberados luego de la averiguación de antecedentes. Además, la fiscalía informó que llamará a declarar a la joven que resultó gravemente herida con un corte en la cabeza.

Para el mediodía del viernes se esperaba la confirmación de la orden de liberación de los detenidos.

La seguridad en Córdoba, fuente de inestabilidad política

Desde hace varios años, Córdoba tiene vigente su propio protocolo antipiquete. El mismo otorga a las fuerzas policiales la potestad para actuar libremente frente al desalojo de las manifestaciones que irrumpan la circulación, sin necesidad que la policía cuente con un instrumento judicial que avale el operativo.

Además, las fuerzas tienen libertad de acción sin necesidad de poner en conocimiento al fiscal de turno sobre lo sucedido, aunque por usos y costumbres el comisario a cargo siempre informa cada detalle a la fiscalía, que avala sin cuestionamientos el accionar.

A diferencia de lo que sucede a nivel nacional, donde la justicia y el poder político actúan en conjunto, este protocolo es custodiado y aplicado solamente por la fiscalía de Aragón. El poder ejecutivo provincial, a cargo de Martín Llaryora, no tiene injerencia fáctica en la ejecución del mismo. 

Este hecho se da, además, en el marco de la crisis de seguridad que sufre la provincia, que discute en la legislatura un nuevo proyecto de “Seguridad y Convivencia ciudadana».

A sólo dos días de asumir, el gobernador decidió remover a toda la cúpula policial y a los funcionarios del servicio penitenciario provincial. Juan María Bouvier, jefe del servicio desde 2008; Víctor Hugo Vivas, sub jefe y Silvia Guadalupe Barbero, subdirectora general, fueron detenidos por orden del fiscal Enrique Gavier imputados por asociación ilícita.

Más allá de no formar parte del operativo, el gobernador siguió minuto a minuto lo que sucedía en la capital. En El Panal se enteraron de la movilización algunas horas antes de su inicio y esperaban una convocatoria moderada dado el resultado electoral que obtuvo el ahora presidente en la provincia.

Con menos de mil manifestantes en la calle, el gobierno logró codificar el segundo mensaje de sus electores tras el 75% de votos que obtuvo Milei: Córdoba sigue siendo el kilómetro cero del conservadurismo.

Para cuidar su capital político, el gobernador atenderá sin peros las exigencias de una ciudadanía que está dispuesta a acompañar las medidas tomadas por el gobierno nacional, incluso si estas tienen un efecto directo en su cotidianidad.

Consultado por Tiempo, un funcionario cercano a Llaryora expuso que el gobierno provincial acompañará la voluntad de las mayorías, a pesar del descontento de otros sectores. Además, advirtió que accionar policial fue el correcto y que sentará precedentes para las próximas movilizaciones. “Esto fue una marcada de cancha”, advirtió.