Desde el momento en que Javier Milei fue electo presidente, Martín Llaryora se mostró dispuesto a dar gobernabilidad. Con tres coterráneos dentro del armado nacional, el gobernador y su referente Juan Schiaretti mantienen a rajatabla el acuerdo que gestaron con el libertario antes del ballotage y prometieron cuidar el 75% de voluntades que el entonces candidato tuvo en Córdoba.
Sin embargo -y a pesar de estar decididos a mantenerse en su discurso de unidad-, las primeras medidas tomadas por el aliado en Nación dejan al titular de la provincia mediterránea en aprietos.
Hace un puñado de meses que Córdoba atraviesa un problemático conflicto financiero con su Caja de Jubilaciones, eslabón fundamental del mantenimiento económico del territorio. La disputa por la falta de envíos de fondos coparticipables que la provincia mantuvo con la gestión de Alberto Fernández y la quita del impuesto a las Ganancias dejaron en rojo las cuentas, que nuevamente se vieron golpeadas tras la devaluación del cambio oficial.
El aumento del dólar duplicó la deuda cordobesa y empujó al gobernador a tomar la decisión de romper con el acuerdo paritario para los empleados estatales que su antecesor, Schiaretti, dejó firmado antes de dejar la casa de gobierno. Esta medida desató una crisis entre el gobierno provincial y las cabezas sindicales que tendrá su punto más alto este viernes, cuando la seccional cordobesa de ATE lleve adelante un plenario donde definirán el rumbo que tomarán frente a este conflicto.
Llaryora, equilibrista entre Córdoba y Casa Rosada
Con este presente, Llaryora hace equilibrio entre el cuidado del terreno provincial y su promesa nacional para empezar a levantar vuelo y salir de abajo del ala de Schiaretti. El gobernador no sólo fue el primer mandatario en reunirse con el ministro del Interior Guillermo Francos, sino que tras el cónclave que el jefe de estado mantuvo con los titulares de las 23 provincias y el jefe de gobierno porteño el pasado martes, el cordobés ofició como uno de los voceros oficiales obteniendo una notable ventana nacional.
Si bien el heredero del cordobesismo no mostró mayores detracciones de manera pública, puertas adentro la calma no sería la misma. La decisión del gobierno nacional de desregular la economía, reimponer el pago de retenciones para los pequeños y medianos productores y quitarle todo marco regulatorio a la industria preocupa al nuevo gobernador que pasó las últimas horas analizando punto por punto las medidas publicadas.
Además, Llaryora se suma a la larga lista de mandatarios provinciales que insiste con coparticipar el impuesto al cheque para evitar que vuelva a reincorporarse la cuarta categoría de ganancias. Como muchos de sus colegas, el mandatario no está dispuesto a pagar el costo político que implica la reincorporación de este tributo en una provincia que será inevitablemente golpeada por las medidas.
“Todavía estamos todos en shock y viendo cómo logramos sacar algo bueno para Córdoba de todo esto”, confió a este medio un colaborador cercano al sanfrancisqueño.
El nuevo interbloque
En este marco, las ocho bancas de Hacemos por Nuestro país en el Congreso gestaron este miércoles un pacto parlamentario con Innovación Federal, Cambio Federal y Coalición Cívica.
El virtual interbloque que por ahora suma 32 voluntades trabajará en conjunto bajo la premisa del cuidado del federalismo, un discurso que desde Córdoba mantienen como bandera desde hace más de una campaña, y se posicionará como un actor importante de cara al tratamiento del paquete de leyes que el oficialismo buscará tratar a partir de la próxima semana.
Con este acuerdo, el cordobesismo apuesta a usar a su favor la debilidad parlamentaria de La Libertad Avanza y cuidar sus intereses mediante acuerdos con otros espacios, al tiempo que garantiza sus bancas para el tratamiento y aprobación de las leyes que el oficialismo pelea por tener para llevar adelante su ambicioso plan de reformas. La primera aparición de esta nueva alianza se concretará con la presencia de Nicolás Massot como miembro de la comisión encargada de revisar el DNU presentado por el presidente la noche del miércoles.
La nueva alianza estará conformada por los diputados de Innovación Federal (Pamela Calleri; Alberto Arrúa; Agustín Domingo; Carlos Alberto Fernández; Osvaldo Llancafilo; Pablo Outes; Yamila Ruíz; Daniel Vancsik; Yolanda Vega), Cambio Federal (Miguel Ángel Pichetto; Oscar Agost Carreño; Jorge Antonio Ávila; Florencia Klipauka Lewtak; Ricardo López Murphy; Nicolás Massot; Emilio Monzó; Francisco Morchio; Margarita Stolbizer).
También por Coalición Cívica (Juan Manuel López; Victoria Borrego; Marcela Campagnoli; Maximiliano Ferraro; Mónica Frade; Paula Oliveto Lago) y Hacemos por Nuestro País (Ignacio García Aresca; Carlos Gutiérrez; Florencio Randazzo; Natalia de la Sota; Alejandra Torres; Juan Brügge; Mónica Fein y Esteban Paulón).
Fuentes parlamentarias confirmaron a Tiempo que buscarán ampliar el espacio y llegar, al menos, a 40 bancas. Los integrantes trabajan para sumar heridos de la interna de Juntos por el Cambio y no descartan poder contar con algunas de las 101 bancas que hoy posee Unión por la Patria y se mantiene como primera minoría. Para ello, Miguel Ángel Pichetto, designado presidente de este acuerdo, recorre despacho por despacho para intentar convencer a todos aquellos que no están atados al pedigree de uno u otro partido.
De concretarse estos pases, los diputados que responden a Llaryora tendrán un interesante lugar en el juego parlamentario que le dará a su líder un peso significativo en la negociación nacional y la inminente reconstrucción del peronismo federal. Si bien desde el círculo del cordobés insisten en calmar la ansiedad y advertir que para el 2027 aún falta “una vida”, no ocultan el hambre de participación que tiene el nuevo titular de El Panal. “Quién te dice que no volvamos a tener un presidente cordobés”, sostuvo esperanzado un reconocido dirigente provincial.
