Reprimir y planificar la miseria

Desde que gobierna Cambiemos estamos asistiendo a una agudización de los casos de violencia institucional. Casos que en gobiernos anteriores también existían, pero que hoy suman una serie de factores que promueven el aumento en cantidad y en gravedad de esta problemática. Por un lado, las fuerzas nacionales, provinciales y distritales que se encuentran bajo signo macrista, cuentan con la autorización política para la represión, sumada a la construcción permanente del consenso para criminalizar la pobreza. Los mecanismos de construcción de sentido común para avalar la represión emanan no sólo de los medios sino también de las propios referentes como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal o el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Para el gobierno es esencial criminalizar la protesta y la pobreza. De esa forma esquivan la discusión de los motivos que originan los conflictos sociales. Y los motivos que multiplican la protesta están estrictamente vinculados al modelo económico que lleva adelante el gobierno y que deja millones de compatriotas excluidos. Por eso necesitan la criminalización de la pobreza, para poder reprimir y evitar discutir el problema verdadero, es decir, los resultados de su gestión de gobierno, el desempleo, la pobreza en aumento, la indigencia.

Situaciones cotidianas de hostigamiento son ejemplo de estas mecánicas represivas: el arresto de estudiantes secundarios a la salida de la escuela técnica de la UNSAM o el bochornoso caso del merendero del MTE de Lanús, allanado por la policía mientras niños y ancianos cenaban, destruyendo todo y llevándose a un menor detenido.
De la criminalización al hostigamiento y de ahí al uso letal de la fuerza hay muy pocos pasos: Así lo ejemplifican el asesinato de Víctor González luego de que la Bonaerense entrase ametrallando el barrio La Catanga, en San Martín, o el de Lucas Décima, en Merlo, a manos de un un policía que bajó de su patrullero y sin mediar palabra lo fusiló. Estos casos no serían posibles si no se construye previamente la idea de que hay vecinos que valen menos o que no valen nada, y por tanto son pasibles de tales tratos y hasta la muerte.
El freno a esta política estatal represiva está entrelazado con el freno a la política económica. La resolución, en mi opinión, es similar: la unidad más allá de las banderas políticas y recorridos militantes que cada cual haya transitado. La búsqueda de un punto de acuerdo en un «nunca más» a la violencia policial y un «nunca más» a la violencia económica, es decir, a la miseria planificada que sí o sí tenemos que frenar. «