HIJOS Capital rechazó la iniciativa de Patricia Bullrich para beneficiar a represores condenados que cumplen prisión en Ezeiza.
La maniobra busca beneficiar a 19 genocidas que se encuentran cumpliendo su pena en el penal de Ezeiza, entre quienes se encuentran represores de la ESMA, como Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Adolfo Miguel Donda, Alberto Eduardo González, Jorge Radice y Antonio Pernías y otros que actuaron en el circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo, como Luis Donocik, Gerardo Arráez y Miguel Angel Britos.
La iniciativa del gobierno se conoció porque el director General de Régimen Correccional, Gabriel Esteban Aquino, envió la solicitud de autorización del traslado a los tribunales que tienen la ejecución de la pena de esos condenados, el Tribunal Oral Federal 2 y el TOF 5.
“El traslado de los genocidas a Campo de Mayo no constituye una solución a la sobrepoblación carcelaria que afecta a la casi totalidad de las personas detenidas a excepción de los genocidas que en Ezeiza, por ejemplo, se encuentran en pabellones que registran una ocupación del 50%”, advirtieron desde HIJOS Capital en un comunicado y señalaron que el traslado es parte del plan de impunidad que lleva adelante el gobierno nacional que ahora utiliza como excusa la necesidad de liberar plazas y redistribuir a otras personas detenidas.
“Siempre hemos reclamado el Juicio y Castigo para los genocidas y partícipes civiles con la plena garantía de sus derechos. Y también hemos sostenido, y lo seguimos haciendo, que el único lugar para quienes cometieron delitos de lesa humanidad es la cárcel común. Rechazamos categóricamente la posibilidad de que los genocidas tengan privilegios. Nunca buscamos venganza, sí Justicia. Mientras, ellos siguen sin romper los pactos de silencio para decirnos dónde están nuestras hermanas y hermanos apropiados y dónde están los cuerpos de los miles desaparecidos”, señaló la organización y concluyó: “Como familiares, como sobrevivientes, como querellantes, rechazamos que los genocidas cumplan su condena en la cárcel de privilegio de Campo de Mayo”.
En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, Campo de Mayo volvió a utilizarse para alojar allí a detenidos por crímenes de lesa humanidad. Actualmente, son 54 los represores detenidos en la Unidad de Campo de Mayo, según el relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Al no encontrarse dentro de una unidad penitenciaria, los detenidos cuentan con un trato preferencial, en clara violación de normas internacionales como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que especifica que no se pueden admitir “privilegios, inmunidades, ni dispensas especiales» a los acusados por estos delitos.
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