La reunión será este miércoles en la Casa Rosada. Los dirigentes agrarios se quejan de la presión tributaria. En el gobierno insisten en que los precios de los productos del campo suben más que el resto.
La discusión tiene tantos componentes económicos como políticos. Basta recordar que el enfrentamiento en 2008 entre la Mesa y el gobierno por el frustrado proyecto de retenciones móviles marcó rotundamente los dos mandatos presidenciales de Cristina Kirchner y fue el puntapié inicial para la grieta que todavía hoy marca la vida política y social del país. La inquina entre los hombres del campo y el peronismo (incluyendo a Fernández, que era jefe de gabinete de aquella administración) jamás se desvaneció.
Fernández avaló las medidas que sirvan para diferenciar los precios que los productores agrarios aplican a las ventas internas con relación a las de compradores externos. “Yo necesito que ellos exporten porque necesito dólares que entren. Pero lo que no pueden es trasladar a los argentinos los precios internacionales porque ellos no producen en dólares. Tienen que entender que son parte de la Argentina”, afirmó en un reportaje publicado por el diario Página 12.
La Mesa (conformada por la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, la Federación Agraria y Coninagro) contestó con un comunicado en el que acusan al Presidente de “amenazarlos” con una actitud de humillación pública “por el solo hecho de llevar a cabo una actividad lícita y noble, como es la producción de alimentos”.
Además reivindicó su documento de julio del año pasado, con propuestas referidas a 14 puntos específicos. Entre ellos, en materia de retenciones, pidió “dejar de lado la delegación de facultades en este tema, y que vuelva a ser el Congreso quien establezca aranceles y derechos de exportación, tal como lo indica la Constitución”. Esto quitaría al Ejecutivo potestades para decidir sobre un ingreso de casi $ 600 mil millones, según lo estimado en el Presupuesto 2021.
Acusaciones cruzadas
Los dirigentes agropecuarios irán a la reunión del miércoles munidos de varios estudios técnicos. Uno de ellos, elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), hace hincapié en la presión impositiva sobre la renta agrícola neta (ingresos menos costos). “De cada $ 100 que genera el productor, $ 59,2 quedan para los distintos niveles de gobierno”, explicó David Miazzo, economista jefe de FADA, con números actualizados a diciembre.
La misma entidad hizo un estudio sobre la cadena de producción de tres alimentos básicos y concluyó que la incidencia directa del campo es sólo de 29% en el precio de la carne (criadores), 12% del pan (productores de trigo) y 30% de la leche (tamberos). El resto se diluye entre procesos industriales, margen de venta minorista e impuestos.
En el gobierno, en cambio, tienen una visión distinta. Señalan que la inflación promedio de 2020 fue de 36,1% pero que diversos rubros vinculados con el campo, como la carne, las verduras y las frutas frescas, subieron muy por encima de esos valores. “En los últimos dos meses se vivió un proceso de incremento muy fuerte de los precios internacionales de los productos agrarios”, relacionó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
La presión impositiva, en tanto, es similar para las actividades que subieron sus precios sobre, por debajo o a la par del promedio. “Se da por probada esta idea de que bajando impuestos se reduce la solución al problema y la verdad no ha sido así, lo hemos visto en el gobierno de Mauricio Macri”, dijo este martes Kulfas a la radio AM 750.
El comunicado de la Mesa de Enlace excede las cuestiones técnicas y se mete de lleno en consideraciones macroeconómicas. Por ejemplo, afirma que la razón de la suba de alimentos está “en el exceso de emisión monetaria y el enorme déficit fiscal, que deteriora la capacidad de compra de los salarios”. El diagnóstico, compartido por el establishment y sus economistas, también fue aceptado por el gobierno macrista, otra vez referencia en el tema. Su decisión de dejar de emitir y ajustar las cuentas fiscales no evitó que la inflación de 2019 llegara a 53,8%, el máximo en casi tres décadas, lo que pone aquellas afirmaciones al menos bajo un manto de duda.
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