Reventa de entradas: sobreseen a barras de River con críticas al fiscal Campagnoli por la falta de pruebas

La Cámara del Crimen confirmó el sobreseimiento para barras bravas de River Plate acusados de liberar molinetes y utilizar entradas apócrifas de socios para financiarse, y atribuyó el fracaso de la investigación, sin mencionarlo, al fiscal que la tuvo a su cargo, José María Campagnoli.

“Los hechos no se han comprobado ni se vislumbra que hoy, a un lustro de iniciada la pesquisa, tal radical defecto pueda ser remediado. Con más razón cuando no parecen ser útiles ni materialmente o formalmente viables las diligencias propuestas por el Ministerio Público Fiscal, consistentes en la realización de un entrecruzamiento de llamadas entre los teléfonos de los involucrados en el extenso período de interés (casi dos años) y la convocatoria de empleados de la entidad deportiva y otros inspectores y controladores de los accesos al estadio que aún no depusieron”, sostienen los fallos que rechazaron las apelaciones de Campagnoli.

Aún cuando el tribunal hubiera aceptado esas medidas de prueba que tardíamente propuso Campagnoli, tampoco serían útiles: “de todos modos se reputan insuficientes para corroborar los términos de la acusación sostenida por la fiscalía”.

El fallo fue firmado por los camaristas Carlos Alberto González e Ignacio Rodríguez Varela; este último fue secretario y uno de los principales colaboradores de Campagnoli y en ese rol se presentó a más de 35 concursos para juez, hasta que finalmente fue designado.

Los barras y allegados sobreseídos son Gabriel Alejandro Marcilli, Oscar Aníbal Borelli, Héctor Guillermo “Caverna” Godoy, Martín “de Ramos” Araujo, José Martín Vallejos, Gustavo Adrián Poggi, Diana Elizabeth Paterno, Gabriel Carlos Di Girolamo, Juan Carlos Amabile y Matías Goñi.

Las tres resoluciones, a las que tuvo acceso Tiempo, admiten que existen “ciertos elementos para afirmar que se ha verificado, en el marco de encuentros deportivos celebrados en el estadio del Club Atlético River Plate, el acceso de personas sin su respectiva entrada”.

Sin embargo, y pese a ello, “hay extremos fundamentales de la acusación no se encuentran acreditados. El primero, es el relativo a la connivencia de directivos del club con miembros de la ‘barra brava’ para habilitar el pase indebido y el beneficio que todos ellos habrían percibido por la maniobra”.

“Esa circunstancia se derivaría del contenido de conversaciones telefónicas cuyo origen de momento se desconoce. Ello exigiría la inauguración de un nuevo camino de investigaciones que no fue ensayado con anterioridad que, a cinco años del inicio de la investigación y casi siete de algunos de los hechos pesquisados, no aparece razonable”.

Los fallos reprochan que “no se recogió ningún elemento que acredite que los tickets de socios ‘observados’ hayan sido efectivamente utilizados por terceras personas, que ello hubiese sido posible merced a un accionar concreto de alguno de los encausados, ni que tal extremo hubiese generado un rédito económico en favor del grupo denominado ‘Los Borrachos del Tablón’”.

Tampoco fue determinante la información aportada por el periodista Gustavo Grabia: “resulta insuficiente como prueba, ya que se trata de afirmaciones realizadas en el contexto de una crónica periodística. Ésta podría ser válida para sostener y justificar la labor de los investigadores, pero no puede constituir en sí misma una prueba puesto que no proporciona elementos de juicio objetivos, que deben ser recogidos o reconocidos por quienes impulsan en el proceso la imputación”.

Los fallos también critican el “desinterés” de River por avanzar en la investigación, lo que se vio reflejado  “en la sucesión de informes parciales e incompletos que a la fecha ni siquiera han encarado la respuesta al interrogante básico”.

Ante ese escenario, los jueces evaluaron que “no ha sido posible controlar eficazmente el ingreso de espectadores al estadio de River Plate sin su correspondiente entrada o, bien, con tickets mal habidos”, por lo que dispusieron informar al Ministerio de Seguridad de la Nación sobre la situación.

Los jueces sólo confirmaron los procesamientos contra barras bravas acusados de haber amenazado a un integrante de una facción disidente, Ariel “Pato” Calvisi.