La Justicia laboral dejó sin efecto la suspensión de la reforma laboral y la puso en vigencia. Mañana discuten si en el acto del próximo jueves en Plaza de Mayo se anuncia un nuevo rumbo.
La decisión de los jueces María Dora González y Víctor Pesino revirtió el carácter suspensivo de la medida cautelar concedida a la CGT por el Juzgado de Primera Instancia n° 63, a cargo de Raúl Ojeda, pero no se expidió sobre la validez de esa cautelar.
Tampoco avanzó en la “cuestión de fondo”, esto es, en la constitucionalidad de la propia norma.
Con esa argucia la Cámara de Apelaciones activó nuevamente la ley que, por ejemplo, reduce las indemnizaciones, crea el Fondo de Asistencia Laboral para financiar despidos con recursos del sistema previsional, habilita jornadas de hasta 12 horas, flexibiliza las vacaciones, fuerza la rediscusión los convenios colectivos vigentes y, entre otros graves avasallamientos a los derechos de los trabajadores, penaliza el derecho a huelga y limita la organización sindical y la protesta.
Para eso, los jueces de cámara forzaron una interpretación de la Ley 26.854 que regula las cautelares y que en su artículo 2 aclara que solo tendrán un carácter suspensivo en caso de, entre otros motivos, involucrar y proteger a “sectores socialmente vulnerables” o si, por algún motivo, “se encuentre comprometida la vida digna conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria”.
A contramano de la jurisprudencia de la Corte Suprema y de las normas del derecho laboral nacional e internacional que reconocen la relación asimétrica que anida en el vínculo laboral y, por eso, reconoce “preferente tutela a los trabajadores”, para estos camaristas los trabajadores no sufren una situación de vulnerabilidad. Tampoco consideraron que el salario, las indemnizaciones y las condiciones de vida resultan “derechos de naturaleza alimentaria”.
El reconocimiento al aporte que los jueces de la Sala VIII hicieron a la cruzada flexibilizadora del gobierno no tardó en llegar. En la mañana del viernes, apenas un día después de la resolución, en Boletín Oficial el oficialismo dio curso al pedido de prórroga excepcional en su cargo al juez Víctor Pesino por un período de cinco años adicionales a pesar de que el magistrado ya cumplió los 75 años.
Así, de la noche a la mañana, la estrategia de la CGT que lucía robusta entró en un callejón que parece sin salida.
Es que, el camino parece ir irremediablemente hacia la Corte Suprema de Justicia que se la supone favorable al gobierno y a su orientación liberal en lo que se refiere a las relaciones laborales.
Además pesará la decisión del gobierno de postergar al menos por un año la incorporación de dos letrados adicionales al órgano superior de la justicia y, por añadidura, amplificar el poder de los tres miembros actuales.
De hecho, el jueves, el Tribunal Supremo ordenó remitir una causa que lleva adelante la Unión personal Civil de la Nación (UPCN) conducida por el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, desde el fuero laboral al contencioso administrativo. Otro antecedente que, al menos, debería encender alarmas en la cúpula cegetista.
“No nos equivocamos en ningún paso”, había dicho en tono celebratorio el cosecretario General de la CGT Cristian Jerónimo horas después de conocido el primer fallo de la Justicia. El triunvirato de conducción y, en general, todos los miembros del Consejo Directivo mantuvieron el viernes un coordinado hermetismo. Rodríguez, de UPCN, sin embargo, adelantó al diario Clarín que apelarán el fallo.
La voz oficial de la CGT se dio a conocer a través de un comunicado que se difundió el viernes y en el que manifestaron su “repudio a la decisión adoptada” por la justicia que “suspende la medida cautelar”. Allí denunciaron que la resolución “expone al desamparo a millones de trabajadores” a la vez que “atenta contra la organización sindical”.
Además, recordaron que “los trabajadores somos sujetos de preferente atención constitucional» y que “resulta impropio de un Tribunal de trabajo que decida mantener la vigencia de la ley y la incumpla al no aplicar los precedentes de la Corte, que reconoce a los trabajadores como sector vulnerable y de preferente tutela”.
Finalmente adelantaron que la CGT “continuará su lucha en defensa de los derechos laborales”.
Con todo, a pesar de tener fijado en la agenda un acto para celebrar el Primero de Mayo el próximo 30 de abril en la Plaza de Mayo, no ofrecieron pistas sobre el rumbo que adoptarán ante el nuevo escenario que podría definirse en una reunión de Consejo Directivo mañana.
El dirigente de UPCN señaló que la Plaza de Mayo será el lugar donde “vamos a plantear el rechazo”. Jorge Sola, cosecretario general, adelantó a AM 750 que, allí, “vamos a ir a cabecear hasta con el arquero”.
El acto fue concebido como una jornada «ecuménica» para conmemorar el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco. La convocatoria oficial cita al ex pontífice: “Cuando el trabajo se vuelve precario, la vida también se vuelve precaria”.
Ese día se conocerá si, condicionada la estrategia judicial, el triunvirato se define por “hacer lío” y dar lugar a un plan de lucha y un nuevo paro general. «
Todas las organizaciones sociales y piqueteras anunciaron el viernes medidas de acción para que el gobierno cumpla con un fallo de la Justicia. Se trata de la decisión del Juzgado Federal de Campana que intimó al gobierno a restituir el plan Volver al Trabajo a los más de 950 mil beneficiarios. Son 78 mil pesos que el Ejecutivo pretende discontinuar generando un ajuste anual del orden de los U$S 1500 millones.
El fallo dispone multas a los funcionarios en caso de que ignoren la indicación.
Las organizaciones agrupadas en la UTEP y en el Frente de Lucha Piquetero presentaron un plan de acción porque presumen que el Ejecutivo desoirá al Poder Judicial, como ya hizo con otros fallos.
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