La sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial rechazó el pedido de la empresa de desplazarla del expediente. "Tiene legitimación" para actuar, expresaron las juezas Gómez Alonso y Ballerini.
La resolución fue firmada por las camaristas de la sala B del tribunal de apelaciones, María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, quienes recordaron que el desplazamiento ya había sido rechazado.
Las juezas sostuvieron que Boquin tiene «legitimación» para requerir medidas en el marco de su intervención en el expediente, por lo decidieron rechazar el recurso extraordinario presentado por los abogados del Correo con el objetivo de llevar con su planteo hasta la Corte Suprema de Justicia.
Los abogados del Correo habían pedido el desplazamiento de la fiscal Boquin luego de que solicitara una serie de medidas de prueba tendientes a constatar supuestas maniobras de vaciamiento de la empresa concursada en favor de las firmas Sideco y Socma que, como la primera, son propiedad del Grupo Macri.
«La Sra. Fiscal posee legitimación para requerir las medidas que considere necesarias a efectos de obtener los antecedentes necesarios que permitan decidir las cuestiones pendientes en el principal de este concurso», volvieron a escribir las camaristas al respaldar a Boquin.
La fiscal fue quien denunció que el gobierno -en su calidad de acreedor- y la empresa Correo Argentino S.A, perteneciente a la familia Macri, estaban por sellar en febrero de 2017 un acuerdo que, de haber sido homologado, hubiera implicado una «condonación» de deuda estimada en 70 mil millones de pesos, por lo que habría sido «abusivo» para las arcas del Estado.
A partir de esta denuncia, los abogados de las empresas ligadas al presidente iniciaron una serie de recursos que buscaron generar demoras en la causa, e intentos de apartar a la fiscal, que no prosperaron, con el argumento de que no tiene facultades para investigar los libros contables de las empresas del holding. Tras el pronunciamiento de la Cámara, no se descarta que vayan con un recurso en queja ante la Corte.
La familia presidencial logró, en cambio, apartar al fiscal Pedro Zoni, que investigaba en un expediente paralelo, la denuncia de Boquín sobre el presunto fraude en el concurso de acreedores.
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