Lo había dispuesto el juez Lijo en una investigación iniciada en 2015 por el manejo de fondos durante la campaña presidencial.
Junto a Hernán Lombardi, la fiscal Paloma Ochoa imputó el presidente del Centro de Estudios de Políticas Públicas Aplicadas (CEPPA) y de la Fundación Pensar Argentina, Matteo Goretti Comolli, y Facundo De Almeida, miembro del Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
El dictamen del fiscal dice que el delito se habría concretado «a partir de la materialización de donaciones en favor de la Fundación Pensar Argentina», cuyo «unívoco objeto consiste en ser la usina de ideas del partido PRO», como lo indica la página web.
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