Roberto Cipriano García: «Hubo más control de la protesta que lucha contra el delito»

El abogado Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, analiza los alcances y resultados de la política de seguridad desplegada por el macrismo en estos cuatro años a nivel nacional y, sobre todo, en la provincia de Buenos Aires.

–¿Cuál fue la impronta general de Cambiemos en seguridad?

–La evaluación de la gestión en seguridad del macrismo no puede disociarse del modelo de país que se intentó consolidar y las políticas económicas que se implementaron. La desigualdad social, el desempleo, el crecimiento exponencial de la pobreza y la indigencia, los conflictos sociales y manifestaciones requirieron de un mayor despliegue e intervención de las fuerzas de seguridad, a fin de reprimir y controlar los reclamos. Estas políticas denominadas de «mano dura» se fueron profundizando a la par del deterioro social, y pretendieron ser una respuesta a los efectos expulsivos del modelo económico, que vulneró sistemáticamente los Derechos Humanos más elementales.

–¿Cuál fue el mensaje del gobierno hacia los miembros de las fuerzas policiales?

–El sustento discursivo y doctrinario de esta política criminal de la «mano dura» se estructuró sobre una idea sencilla y efectista: decir que si se incrementaban las penas, si se daba más poder a la policía y se reducían las garantías constitucionales, bajaría la inseguridad. Esto se cristalizó en un sentido común retroalimentado por los medios de comunicación hegemónicos, que influyen masivamente en la formación de opinión, y fue dando paso a un espiral de incremento constante de la violencia estatal y su legitimación.

–¿Qué fines persigue una política como esta?

–Las políticas de seguridad encontraron en esta premisa un sustento argumental y discursivo demagógico y simplificador, tan convincente como falaz y poco efectivo. En paralelo, el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y el de Justicia de Germán Garavano construyeron un andamiaje legal que arrasó con viejos principios casi sagrados de nuestro marco legal constitucional. La ley de flagrancia, las leyes que implementaron las nuevas técnicas de investigación criminal, la reforma de la Ley de Ejecución Penal Federal, la reforma a la Ley de Migraciones y la incorporación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna constituyeron una serie de reformas que se presentaron como indispensables para terminar con la inseguridad, pero en la realidad consolidaron ese modelo económico y social desigual y violento. Otro soporte discursivo fue la instalación de la doctrina de las nuevas amenazas transnacionales, el narcotráfico y el «terrorismo». Esto justificó la necesidad del acercamiento y suscripción de acuerdos con las agencias norteamericanas de investigación, en particular la DEA y el FBI, para sumarlas directamente al diseño de políticas y acciones en territorio argentino.

–¿Se logró bajar el delito en los barrios?

–Estas políticas apelan a la saturación policial de los territorios, incorporando a fuerzas federales y también a las Fuerzas Armadas, como lo muestra el decreto 683/2018 del presidente Macri, que habilitó su participación en los conflictos internos, pero con la lógica de la ocupación militar y no para luchar contra el delito sino para acallar la protesta social y controlar a los sectores pobres y vulnerables que se caen del sistema. Esto se expresó en la provincia de Buenos Aires en una política criminal orientada fundamentalmente a la persecución de delitos menores, cometidos por los sectores sociales más vulnerables, que opera sobre dos axiomas: el control policial del territorio y el encarcelamiento creciente y constante.

–¿Qué lugar tuvieron los Derechos Humanos en los espacios de encierro?

–En casi cuatro años, el gobierno no diseñó ni implementó políticas públicas destinadas a la prevención, asistencia o sanción de la tortura, que en la actualidad es una práctica sistemática, delito gravísimo que se constituye en un crimen de lesa humanidad actual y requiere de los máximos esfuerzos públicos para su erradicación. Estas políticas de seguridad provocaron el colapso de los sistemas de encierro: sobrepoblación, hacinamiento y condiciones inhumanas de detención. En este contexto no hay resocialización posible. La educación, el trabajo o las actividades recreativas no tienen lugar. Y el aislamiento es el régimen de vida que prevalece.

–María Eugenia Vidal se jactó de haber realizado una gran purga policial. ¿Cuáles fueron sus verdaderos alcances?

–En cuanto al funcionamiento de los controles internos en la Provincia, la Auditoría General del Ministerio de Seguridad informó la desafectación, el pase a disponibilidad o la exoneración de cerca de 13 mil efectivos. Fue tal vez uno de los pocos aspectos positivos que tuvo la gestión. No pasó lo mismo en el ámbito del Ministerio de Justicia, donde el control del Servicio Penitenciario fue escaso y endeble, sin decisión política para avanzar en la sanción administrativa. «