El secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria aseguró que durante la actividad hubo policías infiltrados que realizaron tareas de inteligencia ilegal.
Roberto Cipriano García, de la Comisión Provincial por la Memoria.
El relevamiento del organismo provincial de control se realizó en el marco del monitoreo de la represión a la protesta social. Se trata de un trabajo conjunto con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo de CABA.
«Observamos la presencia de policías vestidos de civil sin identificación y también de otros agentes sospechosos que realizaron filmaciones de quienes se manifestaban en el interior del espacio como también afuera», denunció Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo. «Vimos que realizaban llamadas telefónicas reportando lo que sucedía en el lugar», agregó.
Continuó señalando que «el personal policial de civil que rondaba entre los convocados en las inmediaciones del Sitio de Memoria ex Esma hablaba continuamente con los agentes de la Policía de la Ciudad que se encontraban en el lugar».
Además, aseguró: «Pedimos información a los encargados del operativo sobre estas personas que realizaban tareas de inteligencia. Nos respondieron que todo el personal de la Policía de la Ciudad ‘estaba identificado y que esas personas -que filmaban y hablaban por teléfono- no estaban a su cargo‘. Así nos dijeron y no tomaron ninguna medida», aseguró el secretario ejecutivo.
«Por eso, nosotros también los filmamos a ellos, sumamos los videos y fotos a la denuncia que presentamos, la que recayó por sorteo en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10. Son pruebas fundamentales que muestran la presencia de personal de civil y de policías filmando a las personas que participaban en la actividad», enfatizó el abogado.
También solicitaron «el registro y secuestro del material fílmico, registro gráfico y auditivo obtenido en el marco de la intervención policial realizada en el contexto de la convocatoria del pasado viernes 27 de diciembre», apuntó el secretario ejecutivo.
«Las tareas de inteligencia ilegal del personal policial tuvo como objetivo reunir información de orden política y social en el contexto de una manifestación pública. En una actividad que fue realizada por los trabajadores de la ex Esma, junto a las organizaciones sociales y las militancias que los acompañaban», advirtió Cipriano.
Cabe destacar que estas maniobras ilegales se encuadran en las disposiciones y prohibiciones de la Ley Nacional 25.520, cuya norma regula y limita los alcances de las tareas de Inteligencia para proteger los derechos y libertades de las personas de la sociedad civil.
«Más aún si dichas tareas no fueron ordenadas por ningún órgano judicial de manera fundada y legítima. Esta situación deberá corroborarse en la exhaustiva investigación que deberán emprender a partir de nuestra denuncia», detalló el letrado.
«Las tareas de inteligencia ilegal son un elemento más en el cercenamiento del derecho a la protesta social y las políticas de memoria, verdad y justicia. Que, hasta el momento, produjeron despido masivo de trabajadores, el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti y otros programas», aseguró.
Y finalizó. «En nuestros informes venimos advirtiendo que a lo largo de 2024 registramos que la represión a la protesta social presenta rasgos sistemáticos que dan cuenta del ejercicio de una política planificada. Sabemos que lo hacen con el fin de limitar la libertad de expresión y la manifestación pública de determinados sectores de la sociedad; los más pobres».
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