Un fallo las había declarado ilegales, pero el gobierno porteño presentó un proyecto en la Legislatura para poder mantenerlas.
El proyecto presentado el viernes, que lleva la firma del jefe de Gobierno y de los ministros de Ambiente y de Desarrollo Urbano, pide la incorporación de un inciso que permita «la instalación de un cerco de seguridad (reja) emplazado de modo transversal desde Yrigoyen hasta Rivadavia, por detrás de la Pirámide de Mayo».
«La instalación del cerco de seguridad aludido tiene por objeto proteger, conservar y mantener el patrimonio y espacio público urbano, así como también garantizar las cuestiones relativas a la seguridad de los ciudadanos y de la Casa Rosada», señala la presentación del mismo. Además de referirse a la Plaza de Mayo cómo «escenario de todos los acontecimientos políticos más importantes de la historia argentina», se recuerda que luego de la «crisis institucional, social y política» de 2001, se colocó un vallado que permaneció 17 años «contaminando la visual y transformándose en parte del paisaje».
«Ante la necesidad de proteger el acceso a la Casa Rosada, es que se consideraron necesarias dos acciones: por una parte, el retiro de las vallas y por otra parte lograr mantener la seguridad de la institucionalidad de la sede de Gobierno», agrega el proyecto para defender la actual utilización de las rejas ya instaladas por la Ciudad.
En la actualidad, el sistema está compuesto por rejas que «conservan y respetan el estilo de aquellas que rodean la Casa Rosada». La sentencia del pasado 17 de enero, firmada por el Juez de primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad N° 8, Osvaldo Otheguy, «declara la ilegitimidad de la instalación de rejas en la Plaza de Mayo por haberse realizado sin respetar el artículo 4.1.2.2.1 del Código de Planeamiento Urbano». Y otorga «a la demandada un plazo de 90 días contados a partir de que la presente sentencia quede firme, para la sanción de una ley que apruebe la instalación de las rejas en la Plaza de Mayo de modo tal que cumpla con el artículo 4.1.2.2.1 del recientemente sancionado Código Urbanístico, aprobado por Ley N° 6099».
En mayo del año pasado, el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) había presentado para que de manera inmediata retirara. El pedido había sido presentado junto a organismos de derechos humanos, tales como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos, HIJOS, Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Familiares y compañeros de los 12 de la Iglesia de la Santa Cruz, Asociación Buena Memoria, Hijas e hijos del exilio, entre otros.
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