Hija de uno de los obreros de La Nueva Provincia asesinados en 1976, cuestionó el fallo que sobreseyó al empresario periodístico acusado de complicidad civil con la dictadura.

«Nos afecta mucho todo esto. Son muchos años de lucha, muchos años de impunidad, muchos años de verlo a este señor Massot dando notas, entrevistas, y nosotros sin poder hacer nada, ni poder decir nada. Estuvimos muchos años con miedo de hablar, sin siquiera poder nombrarlo o poder contar nuestra historia y que venga a pasar esto nos afecta un montón», dijo Roxana Heinrich en diálogo con Tiempo.
Roxana es hija de Enrique Heinrich y tenía siete años cuando una patota rompió la puerta de su casa en la madrugada y se llevó a su padre. Heinrich tenía 31 años y era obrero gráfico desde los 18 años, cuando había entrado a trabajar a la imprenta de La Nueva Provincia. También era secretario general del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca, en el que su compañero Loyola era tesorero.
Tras el secuestro de su papá, comenzaron las amenazas a su casa: le decían a su madre que les iba a pasar lo mismo a los niños. «Durante los años que viví en Bahía Blanca no podía decir mi apellido. Toda mi familia se tuvo que mudar», contó Roxana y añadió: «Mi mamá nos tuvo que cambiar de colegio a uno privado diciéndole a las directoras y a las maestras que nunca dijeran que nosotros estábamos ahí. Les contó lo que había pasado y ellas nunca decían nuestro apellido. La verdad que fue difícil la situación para nosotros. Nos bancamos unos años más en Bahía Blanca y cuando tenía 12 años nos mudamos».
La «guerra» de La Nueva Provincia
«La Nueva Provincia, al igual que la Nación a la cual siempre ha buscado servir, se encuentra en guerra», señaló el diario en una editorial de agosto de 1975 en pleno conflicto laboral. En ese momento, Vicente Massot era quien escribía los editoriales a través de los cuales llamaba a «eliminar», «aniquilar», «combatir» la «subversión» y cuestionaba a los «delegados obreros cuyos fueros parecieran hacerles creer temerariamente que constituyen en verdad una nueva raza ‘invulnerable de por vida'». Era también el encargado de las negociaciones con los trabajadores gráficos.
«El conflicto empezó en 1975 y los matan en 1976. Pedían que se cumpliera el convenio colectivo de trabajo, trabajar menos horas porque no les pagaban las horas extras, la copa de leche y mirá en lo que terminó. Mi mamá siempre cuenta que él no entendía la gravedad de lo que estaba pasado. Cuando lo secuestraron, él les decía que si le iban a pegar que no lo hicieran frente a sus hijos», señala Roxana.
En paralelo, la Prefectura Naval realizó un informe de inteligencia dentro de la empresa en el que presentaba una nómina de «personal a ser raleado» dentro del diario, encabezada por Heinrich y Loyola.
El fallo del juez federal Walter López Da Silva consideró que los editoriales de Massot «denotan una convicción ideológica enmarcable en el escueto margen de libertad de prensa vigente en la época y que no lo convierte per se en partícipe o instigador de delitos». También sostuvo que «no existe evidencia precisa y seria que permita sostener que el empresario, un civil extraño a las fuerzas armadas estatales y con tan sólo 23 años al momento de los hechos, tuviera la posibilidad de influir o determinar de alguna manera a quienes cometieron de propia mano los actos de torturas o desapariciones y menos aún que su designio haya sido participar de ilícitos que por su gravedad afectan a la humanidad en su conjunto».
Para Roxana, el fallo que sobreseyó a Massot «es vergonzoso» y van a apelarlo en los próximos días. «Pone a Massot en la misma situación que estábamos nosotros, como si fueran víctimas del terrorismo de Estado. A él no le entraron a la casa y se llevaron a alguien de su familia. A nosotros nos entraron a nuestra casa, se llevaron a mi papá, se llevaron a su compañero, Loyola, nosotros vivimos eso», sostuvo y añadió: «Tenemos un Poder Judicial que está trabajando para los poderosos».
El 4 de julio próximo a las 14:30 se conmemorarán 47 años del asesinato de Heinrich y Loyola en Cueva de los Leones, Bahía Blanca. Participarán sus familias y la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta (FATIDA). «
El Tribunal Oral Federal 4 de San Martín dará a conocer el miércoles su veredicto en el juicio de la causa denominada «Contraofensiva III». Aborda hechos de represión ilegal y terrorismo de Estado cometidos por agentes de la inteligencia castrense contra militantes de la organización Montoneros que entre 1979 y 1980 retornaron al país para luchar contra la dictadura cívico militar.
En este proceso fue juzgado el exoficial de la Policía Federal Roberto Álvarez, acusado de haber «trasladado», a fines de agosto de 1980, a Edith Aixa Bona, quien se encontraba privada ilegítimamente de su libertad.
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