Sabbatella, a juicio por aplicar la Ley de Medios a Clarín

El juez federal Ariel Lijo citó a juicio oral y público al expresidente de la ex Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, para el próximo 12 de noviembre a las 10, acusado de haber forzado arbitrariamente al Grupo Clarín a adecuarse la Ley de Medios, sancionada diez años atrás durante el anterior gobierno y virtualmente derogada por decreto por el actual.

Sabbatella está procesado por «abuso de autoridad» y sus bienes fueron embargados por 100 mil pesos.

En el juicio, que se realizará ante un tribunal unipersonal que encabezará Lijo y tramitará bajo las previsiones de un delito correccional, también comparecerán siete exdirectivos de la AFSCA: Néstor Raúl Avalle, Ignacio Saavedra, Claudio Schifer, Eduardo Francisco Rinesi, Claudio Lorena Milca Di Fillippo, Sergio Zurano y Guillermo Pérez Vacchini.

El debate se celebrará en la Sala de Audiencias de Comodoro Py 2002.

Sabatella está acusado de haberle dado al proceso de adecuación del Grupo Clarín un trámite diferente al del resto de los conglomerados mediáticos que estaban en una misma situación, entre ellos el Grupo Indalo.

Hace dos años, el juez federal Claudio Bonadio dispuso su procesamiento por «diferencias en la aplicación del procedimiento, en los plazos otorgados y en los dictámenes emitidos» para Clarín en comparación con las otras empresas, entre las que figuraban DirecTV, Prisa, Nemesio, Supercanal SA, Telecentro, Telefe. Ninguna de ellas fue, finalmente, forzada a desprenderse de los medios que excedían el máximo permitido por la Ley de Comunicación Audiovisual.

La conducta de Sabbatella –sostuvo en aquel entonces Bonadio– significó «una arbitrariedad en el procedimiento y esto se advierte de la comparación de las fechas de inicio, admisibilidad formal del plan de adecuación presentado por el grupo respectivo, su rechazo y/o aceptación para ejecutar el plan presentado».

«Abusando del cargo público que ocupaba, ordenó y avaló el trámite diferencial y arbitrario al expediente N° 3002/2013 caratulado ‘Grupo Clarín SA y otros s/adecuación voluntaria’: propuso que se tratara sobre tablas en la reunión del directorio del día 8 de octubre de 2104 y firmó la resolución N° 1121/14, por la cual se rechazó el plan de adecuación presentado por el grupo Clarín y dispuso la adecuación de oficio».

Bonadio reconoció que «si bien el trámite que se le dio al expediente del Grupo Clarín es correcto en cuanto a su procedimiento, se establece la diferencia con el dado a los expedientes de los otros grupos de medios, lo que demuestra que esta potestad legal fue utilizada ilegalmente a fin de perjudicar al Grupo Clarín».

Lijo pidió, previo al juicio oral, una amplia certificación de otros procesos en los que está involucrado Sabbatella, dos en la Capital Federal y uno en Mar del Plata. «Puntualmente, deberán informar el objeto procesal de aquellas actuaciones, su estado de trámite, las personas que se encuentren imputadas y la situación procesal de Martín Sabbatella, debiendo remitir copias certificadas de las resoluciones de mérito que se hayan dictado en aquellas causas a su respecto». «

Investigan posible espionaje a jueces

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral investiga una red de espionaje ilegal a miembros del Poder Judicial por parte de diferentes estructuras del gobierno nacional.

El fiscal Ramiro González lleva adelante la causa y ya enumeró 21 jueces, entre ellos miembros del fuero federal y de la Corte Suprema, que habrían sido víctimas de esta red para conocer sobre ingresos y salidas del país a través de la Dirección Nacional de Migraciones.

La causa se inició a partir de una nota del columnista de La Nación Carlos Pagni titulada «El pestilente círculo negro del espionaje». Con fecha del 2 abril de 2017, Pagni señaló en esa nota que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) realizaba operaciones de espionaje contra políticos y jueces.

Según publicó El destape Web, la lista de espiados enumerada por el fiscal incluye a la jueza de la Cámara de Casación Ana Figueroa, al camarista Mariano Llorens y a los jueces de primera instancia Luis Rodríguez, Daniel Rafecas, Sebastián Casanello, María Eugenia Capuchetti, María Romilda Servini, y el juez de la Corte, Juan Carlos Maqueda.

También aparece como víctima el propio Canicoba Corral, por lo que esa parte de la causa se volvió a sortear y recayó en Servini de Cubría.

Según el fiscal, hubo ingresos no explicados en el sistema de Migraciones desde oficinas del Ministerio de Seguridad, la AFIP, la Policía Federal, la Unidad de Información Financiera (UIF), Gendarmería, la Procuración General de la Nación, Prefectura, la Policía de la Ciudad, y dependencias de la Corte Suprema.

Por su parte el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, abrió un expediente para investigar las eventuales irregularidades que se podrían haber producido en los organismos involucrados en la presunta pesquisa irregular.

Rodríguez pidió copias de las actuaciones a los juzgados de Rodolfo Canicoba Coral y María Romilda Servini de Cubría, los magistrados que tienen a su cargo las actuaciones donde se busca establecer si dependencias del Poder Ejecutivo participaron de una red de espionaje ilegal.