Salario mínimo: buscan ratificar el techo del 20%

La decisión del gobierno de convocar al Consejo del Salario Mínimo para el 27 de junio fue publicada el pasado lunes en el Boletín Oficial. El gobierno ya dejó trascender su voluntad de otorgar un incremento escalonado de un 20% mientras que la CGT reclamaría un aumento del 25%. Si bien, en concreto, se trata de un valor de referencia, tendrá un fuerte impacto a nivel político y una influencia todavía indefinida sobre gran parte de los beneficiarios de programas sociales.

Si se impusiera la voluntad del gobierno, el mínimo llegará en el último tramo a los $ 9672, mientras que el reclamo de la CGT lo llevaría hasta poco más de $ 10 mil cuando la línea de pobreza para una familia tipo, según el Indec, ya se acerca a los $ 15 mil. Según estimaciones del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), encabezado por Claudio Lozano, durante 2016 y los primeros meses de 2017, la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo llegó hasta un 5% que no solo no se recuperaría con la propuesta del gobierno sino que profundizaría su caída en función de la proyección de inflación para este año. Además, desde 2012, el retroceso acumulado llega hasta un 18 por ciento.

Confirmación del techo

En el plano político, la convocatoria coincide con el desarrollo de la segunda ronda de negociaciones paritarias que, en un marco de proyecciones inflacionarias superiores a las metas del gobierno, se caracterizan por reclamos por encima del 30%. Los aceiteros lograron recientemente un acuerdo que llega al 31,6%. El sindicato de la Alimentación pide un 30%, Camioneros un 32% y los obreros del Neumático un 35%. Así las cosas, un acuerdo por el salario mínimo que se plasme entre un 20% y un 25% serviría al gobierno para encapsular esas negociaciones y reinstalar la pauta del 20% en el escenario paritario.
Ninguna de las centrales sindicales cuestionó la convocatoria y su participación en la misma que, en los hechos, implica el restablecimiento de las relaciones formales con el gobierno luego de la disolución de la Mesa del Diálogo y la Producción. Para el gobierno implica, también, un gesto de paz social de parte de las centrales luego del paro nacional del pasado 6 de abril.

Un ancla para la paritaria docente nacional

Mientras el conflicto por la paritaria docente sigue su curso con picos de conflicto en las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires, con la negociación del salario mínimo el gobierno aspira a cerrar la discusión sobre la apertura de la paritaria nacional.
Es que en el acuerdo de 2016, los sindicatos firmaron una cláusula que establece un enganche entre el salario mínimo y el mínimo docente que se ubica automáticamente un 20% por encima del primero. Su actualización, entonces, pretenderá ser utilizada por el gobierno para declarar obsoleta la reapertura de la discusión tal como surge de la ley de financiamiento educativo y que se encuentra judicializada.

Programas sociales

La Ley de Emergencia Social votada el 14 de diciembre de 2016 y sus reglamentaciones posteriores crearon el Salario Social Complementario destinado a trabajadores informales a quienes se les asigna una cifra que los arrime al mínimo vital y móvil. Para eso, las reglamentaciones posteriores, en particular la del 5 de abril pasado, le asignaron un monto de $ 4000 inspirado en «la mitad» del salario mínimo. Si bien su instrumentación todavía se encuentra en proceso toda vez que fue creado un «Programa de Transición al Salario Complementario» y, de la letra de la ley no se desprende un enganche directo con el salario mínimo, las organizaciones sociales inscriptas aseguran que del espíritu de la ley y de las negociaciones sí se desprende esa movilidad.

Daniel Menéndez, coordinador nacional del movimiento Barrios de Pie, explicó a Tiempo que «la idea es que en un proceso todos los programas de empleo y subsidios sean salario social complementario para que las personas que están en la economía informal perciban una ayuda para llegar al salario mínimo. Así el monto no quedaría atado a la discrecionalidad sino a la mitad del salarió mínimo».
Si bien reconoció que «no está del todo claro que sea vinculante», alertó que «se va a armar quilombo si aumentan el salario mínimo y no llevan el salario social hasta la mitad de ese valor».

Esteban Gringo Castro de la CTEP, explicó que «el salario mínimo debería estar cerca de la canasta básica para no ser pobre, eso está planchado. Nosotros mandamos una carta al Ministerio de Trabajo pidiendo participar en el Consejo para discutir el monto porque nos impacta directamente».
Desde la promulgación de la ley a esta parte se sumaron 100 mil personas al registro del salario social que recibirían la actualización del mínimo en sus haberes. A ese número se agregan algo más de 300 mil beneficiarios de los planes Argentina Trabaja y Ellas Hacen dependientes de Desarrollo Social y algunos miles más de programas de la cartera laboral.

Menéndez confirmó que reclamarán participar de esa instancia para «llevar el planteo político de que si el salario social complementario va atado, se aten todos los programas al mismo criterio y obtengan esa movilidad». Para Menéndez, la participación en el debate tiene sentido común: «La única incidencia real que tiene el debate del salario mínimo es sobre ese universo de programas de empleo. Por lo demás es un monto de referencia». «