Salió casi por unanimidad la ley que intenta dejar atrás el modelo de endeudamiento de Macri

El proyecto de ley que incluye al Congreso en el refinanciamiento por 44 mil millones de dólares de la deuda de Argentina con el Fondo Monetario Internacional se convirtió en ley.  Es conocido como “Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública” y fue aprobado en la primera sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados.

La iniciativa, elaborada por la cartera Económica que encabeza Martín Guzmán, obtuvo 233 votos positivos, 2 negativos, por parte del Frente de Izquierda, y 2 abstenciones de los diputados Juan Carlos Alderete (Frente de Todos) y María Carla Piccolomini (PRO).

El proyecto contaba con la aprobación del Senado. Allí había obtenido 65 votos positivos y una abstención, del rionegrino Alberto Weretilneck.  

Establece que los acuerdos futuros con el FMI deberán ser aprobados por el Congreso Nacional. Además fija un límite para que nunca más ningún gobierno vuelva a endeudarse en moneda extranjera y bajo legislación extranjera para gastos corrientes, fuga de capital y especulación financiera, como fue en los años del gobierno de Mauricio Macri.

El texto fue defendido, durante el debate que tuvo 21 oradores, por los titulares de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, y Finanzas, Fernanda Vallejos. Heller señaló que “esta reestructuración de la deuda pública nacional generará un ahorro de 42 mil millones de dólares en los desembolsos previstos para 2020 y 2024. Ayudan a generar las condiciones de saneamiento para las finanzas públicas y brindan una plataforma de crecimiento con inclusión social, sobre todo para cuando podamos dar por superados los efectos de la pandemia”.

En cuanto a la deuda con el FMI, el diputado manifestó que “supera los 45 mil millones. Debería empezar a pagarse en septiembre de 2021”. Y agregó que “no hay que perder de vista que según el acuerdo vigente, Argentina debería desembolsar 40.900 millones de dólares de capital y 3.065 millones de intereses hasta 2023”.

Heller explicó que se “establece que el Congreso no solo aprobará un acuerdo con un organismo internacional sino también un plan rector para varios años, que dará certezas. La ley de Presupuesto de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjera respecto al monto total de las emisiones de títulos públicos para este ejercicio”. Además indicó que “estas financiaciones en moneda extranjera no podrán   utilizadas para financiar gastos primarios corrientes, salvo catástrofes, epidemias e inundaciones, como establece la ley”.

Por su parte, Vallejos sostuvo que la iniciativa “retoma la manda constitucional en lo referente a las facultades de este Congreso en relación con el manejo de la deuda. Apunta esencialmente a los títulos públicos en moneda extranjera regidos por ley extranjera. Y también refiere al FMI, a los programas de financiamiento, a la ampliación de créditos ya otorgados por ese organismo y a la necesidad de que sean aprobados por una ley del Congreso”.

Desde el interbloque de Juntos por el Cambio, el radical Luis Pastori y Luciano Laspina, del PRO, explicaron por qué el espacio votó en contra de los artículos 1 y 3 de la norma. Argumentaron que se contraponen con los artículos 60 y 56 de la Ley de Administración Financiera.

Sobre el artículo 3 Pastori dijo: “Es innecesario, confuso. Se contrapone con las prescripciones claras que tiene de Administración Financiera”.

“Esa ley en su artículo 56 prohíbe que cualquiera sea el crédito público, deuda interna o externa, se utilice para gastos corrientes. Pero el proyecto que estamos tratando, en su artículo 3, que no estaba en el proyecto del Ejecutivo y fue agregado en el debate en el Senado, pretende, tal vez de buena fe, reforzar este concepto, reafirmar esto de que no se puede usar deuda para gastos corrientes. Pero está hablando de deuda en moneda extranjera y bajo legislación extranjera”, señaló Pastori.

En tanto que Laspina, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, consideró que el que redactó la ley “seguramente no se tomó el trabajo de leer la Ley de Administración Financiera”. Dijo que el artículo 1 del texto se refiere a lo mismo que el artículo 60 de la otra norma pero que “no lo deroga ni lo modifica”.

El Interbloque Federal manifestó su apoyo al proyecto. El economista y diputado Jorge Sarghini consideró: “Esta es una ley que mira para adelante pero apoyada en una historia de desaciertos y su debate se da por una necesidad coyuntural”. Mientras que, el cordobés Paulo Cassinerio destacó que “fortalecer el rol del Congreso es clave para tener un mayor control del endeudamiento”.

El titular de interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, subrayó la importancia que la ley le da al parlamento: “Los consensos pueden ser verdaderos y duraderos. No que cada cuatro años tengamos que estar debatiendo cómo se reestructura la deuda”.

Desde el Frente de Izquierda, Nicólas del Caño, opinó: “No establece ningún límite al stock de deuda en relación al PBI” y sostuvo que “tampoco se estipula ningún ítem al pago de servicios de la deuda en el total del gasto público de lo que se presupuesta cada año”. “Es un proyecto que es una verdadera impostura”, argumentó. Y añadió que estima “la posibilidad de que el Congreso actúe como una verdadera escribanía”.