Luego de la misión que viajó de urgencia al norte provincial, dos ministerios y el Ejército sellaron acuerdos con el gobernador Sáenz para mitigar la crisis que podría agravarse con la crecida del Río Pilcomayo dentro de un mes. Los detalles de una experiencia piloto que trabaja a contrarreloj en una zona muy golpeada desde la privatización de YPF en 1992.
El domingo pasado, como contó Tiempo esta semana, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo viajó a la provincia junto al gobernador Gustavo Saénz y a una misión de ocho funcionarios nacionales para recorrer los pueblos de Santa Victoria Este, Rivadavia y La Puntana, que están cerca de la frontera con Bolivia y Paraguay, en la ribera del río Pilcomayo. Arroyo regresó con un panorama desolador. También con el temor latente de una nueva crecida de ese curso de agua dentro de 30 días. Cuando ocurra, empeorarán los problemas estructurales de esa región limítrofe, muy empobrecida.
Actualmente es azotada por temperaturas superiores a los 40° y una sequía aguda que profundizó los problemas de acceso al agua: se trata del principal disparador de las tres muertes infantiles y del riesgo de que se cobre más vidas cuando la escasez del líquido elemento sea suplantada por una inundación que les quite lo poco que tienen.
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Desde el domingo pasado una parte de la misión enviada por la cartera social se quedó en La Puntana y este miércoles el gobernador Saénz viajó a Buenos Aires para firmar acuerdos con los ministerios de Desarrollo Social, Obras Públicas, Defensa y el Ejército Argentino para evitar que el escenario sea peor.
Desarrollo Social
El convenio que el mandatario firmó con Arroyo es para garantizar el acceso alimentario a las familias salteñas más vulnerables “a través de la entrega de módulos en lugares donde no hay posibilidades de operar con la tarjeta Alimentar”, según informó a Tiempo una fuente del ministerio.
El acuerdo fue suscripto en el marco de los planes nacionales de Seguridad Alimentaria y “Argentina contra el Hambre”, donde “la Nación financiará la entrega mensual de 40.000 módulos alimentarios para familias en condiciones de vulnerabilidad socio económica, durante cuatro meses”. En total son 160.000 módulos alimentarios para las poblaciones rurales e indígenas que habitan en los parajes que rodean especialmente a Santa Victoria Este. Este despliegue de emergencia es complementario a las 65 mil tarjetas alimentarias que serán distribuidas en Salta a partir de febrero por un monto de 330 millones de pesos.
Como contraparte la provincia se encargará de “la logística de la entrega”, que “incluye las tareas administrativas correspondientes, el mantenimiento de los vehículos y combustible, el embalaje y personal para el armado de módulos”. También implicará que los módulos sean “asistidos”, es decir que la distribución será mediante equipos técnicos “tanto del Programa Alimentario Focalizado para Pueblos Originarios como agentes locales de Centros de Primera Infancia y personal de Atención Primaria de la Salud”.
Obras públicas y Vialidad Nacional
Sáenz también se reunió con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, para resolver un problema estructural que supera las tres décadas: la falta de agua en la zona norte de la provincia, que está signada por el eterno impacto negativo que provocó en la zona la privatización de YPF en 1992. La medida golpeó duramente a toda la zona, pero especialmente a las localidades gasíferas y petrolíferas de Mosconi y Tartagal. Según informó la provincia, las obras para que llegue el agua potable serán desarrolladas por el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento. También hubo una ronda con la Dirección Nacional de Vialidad para analizar el escenario.
Defensa y Ejército Argentino
La realización de las obras que no se realizaron en las últimas tres décadas no alcanzarán a resolver la urgencia inmediata. Por esa razón, Desarrollo Social ya distribuye desde el martes agua potable envasada, pero Sáenz también firmó esta semana un acta de intención con el Ejército Argentino con el objetivo de enviar a Santa Victoria Este cuatro plantas potabilizadoras y camiones para distribuir agua en la zona. El acuerdo fue rubricado luego de una reunión de Sáenz con el ministro de Defensa, Agustín Rossi.
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