La justicia de Orán formalizó la acusación contra la sargento bonaerense Sofía Chaparro por el delito de “transporte de estupefaciente agravado por la calidad de funcionario público del autor” y le dictó la prisión preventiva.
Según informa el sitio Fiscales.gov.ar, el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, hizo lugar a la imputación contra Sofía Chaparro requerida por el fiscal José Luis Bruno, quién además solicitó una serie de pericias para avanzar con una investigación que, suponen, no termina en la arriesgada maniobra de la detenida.
El miércoles 7 de febrero, entre las 23 y 23.30, Chaparro ingresó con su auto a la estación de GNC «Géminis Gas», ubicada sobre la avenida Palacios, cerca del hospital San Vicente de Paul, para cargar el tubo. Junto a la mujer viajaban sus hijos de nueve, 13 y 14 años.
De acuerdo a la reconstrucción que hizo la fiscalía, la sargento le pidió al empleado de la estación una “carga mínima”. Luego se alejó junto a sus hijos unos metros, circunstancia que les permitió salir ilesos, salvo por una herida en el ojo en uno de ellos. Enseguida la explosión, la nube de polvo blanco y los paquetes desparramados sobre la chapa retorcida.
Chaparro prestaba servicio en la comisaría séptima de La Matanza, ubicada en Villa Celina, aunque desde hace un tiempo estaba con carpeta médica. La licencia le permitió viajar a Salta con sus hijos porque, según declaró, quería que tuvieran contacto con el padre, quién luego de la separación se había ido a trabajar a Colonia Santa Rosa. También juró que no sabía que había cocaína en el tanque de gas y que acababa de sacar el auto de un taller mecánico. Una declaración que no tiene validez legal porque no fue ratificada en sede judicial por expreso consejo de la defensa.
El mismo abogado pidió para su clienta el arresto domiciliario argumentando que la sargento debía cuidar de sus hijos (dos de ellos con discapacidad). La fiscalía se opuso alegando la gravedad del hecho y que expuso a los menores, al empleado de la estación de servicios y a otros conductores a “un grave riesgo”.
Finalmente, el juez Montoya coincidió con los argumentos del Ministerio Público, hizo lugar a la imputación, dictó la prisión preventiva y autorizó las pericias de los cinco teléfonos secuestrados dentro del auto que podrían ser el hilo para rastrear el origen de la droga.
En tanto, en la estación de servicio de Orán, los playeros siguen comentando el hecho que desbarató la calma habitual de la zona y los catapultó a los portales de noticias de todo el país. Uno de ellos, algo ofendido, sentenció: «Tenés el auto cargado de droga y frenás a cargarle gas. ¡Qué rata!»
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