Salud mental: el grito federal que incomoda al ajuste

El pronunciamiento conjunto de las máximas autoridades de salud mental de doce provincias argentinas -que concentran aproximadamente el 67% de la población del país- no es una declaración sectorial ni un gesto protocolar. Es una advertencia institucional de extrema gravedad. Cuando quienes tienen la responsabilidad directa de sostener los dispositivos de atención salen a hablar en conjunto, lo que se pone en evidencia no es una diferencia técnica, sino una crisis política: la que se produce cuando el Estado nacional decide retirarse de sus obligaciones más básicas.

La profundización de los padecimientos subjetivos no puede leerse al margen del contexto social, económico y político. Pero tampoco puede explicarse como una fatalidad inevitable. El aumento del sufrimiento psíquico se vincula de manera directa con un modelo de Estado que abandona, desfinancia y desarticula. En ese marco, el comunicado de las provincias funciona como un grito federal que incomoda porque nombra lo que se pretende silenciar: la ausencia deliberada de una política pública nacional en materia de salud mental.

Las señales son claras y consistentes. Mientras crecen las demandas de atención, se paralizan los espacios federales de coordinación, se interrumpe el diálogo institucional y se desmantelan dispositivos nacionales de referencia. La falta de convocatoria a los ámbitos creados para articular políticas entre Nación y provincias no es un problema administrativo ni un descuido de gestión: es una definición política. Sin conducción, sin planificación y sin articulación interjurisdiccional, no hay política pública posible.

En este escenario, la insistencia del Poder Ejecutivo en “revisar” o “modificar” el marco normativo vigente en salud mental no solo resulta improcedente, sino profundamente regresiva. No se trata de un debate honesto sobre cómo mejorar la respuesta estatal frente a una crisis real, sino de una estrategia conocida: desplazar el eje del problema desde el incumplimiento del Estado hacia una supuesta falla de la ley. El derecho aparece así como coartada del ajuste, utilizado para encubrir la retirada estatal en lugar de garantizar derechos.

El paradigma jurídico que rige en materia de salud mental en la Argentina no es el resultado de una moda ni de un voluntarismo aislado. Es fruto de décadas de debates, luchas y consensos interdisciplinarios, y se inscribe en los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado argentino. Reconoce a las personas como sujetos de derecho, limita el poder tutelar y punitivo del Estado, promueve abordajes comunitarios e interdisciplinarios y concibe la internación como una medida excepcionalísima. Ese paradigma no fracasa por exceso de derechos, sino por déficit de Estado.

No hay atención comunitaria sin territorio. No hay equipos interdisciplinarios sin estabilidad laboral. No hay prevención sin políticas sociales articuladas. No hay garantías sin presupuesto. Y no hay derechos cuando el Estado nacional se corre y traslada la carga a las provincias, que hoy sostienen -con recursos cada vez más escasos- dispositivos saturados, demandas crecientes y situaciones de enorme complejidad. Son las provincias las que están en contacto directo con el sufrimiento social. Son ellas las que hoy mantienen en pie una red de atención profundamente tensionada.

Pretender modificar el marco normativo mientras se desfinancia el sistema, se precariza a los trabajadores y se vacían los dispositivos no es una contradicción: es una decisión política. Primero se debilitan las condiciones materiales que vuelven operativos los derechos y luego se cuestiona la norma por no dar respuestas. El resultado es previsible: retroceso en derechos, ampliación de desigualdades y profundización del desamparo.

El comunicado de las provincias interpela de manera directa al Congreso Nacional. En un Estado constitucional de derecho, diputados y senadores no pueden limitarse a convalidar reformas regresivas ni a acompañar discursos que responsabilizan a las normas por lo que es, en verdad, una política de abandono. Su función es exigir explicaciones, demandar recursos, reactivar los espacios federales de coordinación y escuchar a quienes sostienen cotidianamente la atención en los territorios.

Defender el paradigma vigente en salud mental no es resistirse al cambio -es negarse al retroceso-. Es rechazar la idea de que los derechos pueden relativizarse cuando resultan costosos, incómodos o poco rentables. Es sostener que no hay democracia posible sin un Estado que asuma su responsabilidad de cuidar, sin políticas públicas integrales que no fragmenten el padecimiento ni individualicen el sufrimiento, y sin un derecho que no sea utilizado como maquillaje institucional para encubrir el abandono.

Cuando el Estado se retira y el derecho se vacía, la libertad deja de ser un piso común garantizado para todos y se convierte en un discurso disponible para justificar desigualdades. Se la invoca para correrse, para no intervenir, para desentenderse de las consecuencias sociales del ajuste. Pero una democracia que renuncia a cuidar no amplía libertades: redefine quién queda dentro del sistema de protección y quién es arrojado a la intemperie. 

En el campo de la salud mental, esa renuncia estatal no es neutra ni abstracta: produce efectos concretos y devastadores. Individualiza el padecimiento, debilita las redes de cuidado y desplaza el sufrimiento del ámbito de lo colectivo al terreno de la responsabilidad individual.

Eso no es libertad. Es renunciar al mandato ético y jurídico de cuidar, ese que los derechos humanos escribieron después de demasiadas derrotas humanas.