Sánchez y un pacto con Cataluña que alarma a los ricos

El presidente del Gobierno español pateó el hormiguero fiscal en Madrid y los efectos se sintieron hasta a pocos metros de la Casa Rosada. Pedro Sánchez, consecuente con su historia, decidió afrontar una crisis política que atraviesa España en las últimas décadas mediante un acuerdo con Cataluña que las derechas rechazan indignadas con dos argumentos: que atenta contra la unidad española, y que va a robarle la riqueza a los ciudadanos. Es que el líder del PSOE, que este sábado avisó en el 41º Congreso del partido que quiere ser reelegido para otro período, además de promover una reforma impositiva que trastoca el modo de reparto de las recaudaciones, propone aumentar los impuestos a quienes “conducen Lamborghinis y tienen dinero en el banco para vivir 100 vidas”.

La apuesta de Sánchez, que toma relevancia horas antes de la Diada –el día de Cataluña, 11 de septiembre–, no tiene tanto raíces ideológicas como de “real politik”. La permanencia del propio jefe de gobierno tras las elecciones de julio de 2023 fue lograda al cabo de acuerdos políticos con los partidos nacionalistas, y Esquerra Republicana de Catalunya fue clave. Incluso la nominación del nuevo presidente de la generalitat, Salvador Illa, del Partido de los Socialistas (PSC), depende de la buena voluntad de ERC.

El “problema catalán”, que se plasmó en la declaración de independencia de octubre de 2017, implicó una fuerte represión del gobierno federal de ese momento, en manos de Mariano Rajoy, del Partido Popular, y decenas de detenciones de los dirigentes que encabezaron la movida y el “exilio” de su líder, Carles Puigdemont.

El tema de fondo, como suele suceder en cuanta rebelión independentista hubo en el mundo, tiene tintes impositivos. En casi toda España rige un sistema similar a nuestra Coparticipación Federal. Es decir, el estado nacional reparte a los estados autonómicos la recaudación de acuerdo a cupos acordados con un criterio de equiparación de necesidades y posibilidades de cada distrito. Lo que hace que quienes más aportan resignen parte de su beneficio en bien del sector menos favorecido.

En el caso español, el País Vasco y Cataluña son regiones de mayor productividad y riqueza y por tanto aportan más en el esquema tributario. Pero vascos y navarros tienen un sistema de “concierto económico” que se reinstauró tras la recuperación de la democracia, en 1981. Los gobiernos de esas regiones recaudan los impuestos y luego giran a Madrid una parte proporcional para que desde allí se reparta a las demás comunidades. Cataluña viene peleando por lo mismo. Los independentistas basan parte de sus proclamas en que son permanentemente robados por el Estado español.

Obligado por las circunstancias, Sánchez se fue inclinando hacia un acuerdo similar al de los vascos. Y luego de negociaciones entre el ERC y el PSC, se acordó que la Agencia Tributaria catalana recaudará todos los impuestos de la región y luego de enviará a Madrid su aporte por los gastos nacionales correspondientes. También entregará un “aporte solidario” mediante un principio de ordinalidad. «La Generalitat debe contribuir a la solidaridad con las otras comunidades autónomas, a fin de que los servicios prestados por los diferentes gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar», dice el texto pactado a mediados de año.

La primera consecuencia es que los catalanes tendrán más de la torta que hornean. Hasta ahora el Estado catalán muestra déficits fiscales que el estado nacional debe compensar. Los nacionalistas arguyen que ese desequilibrio se produce porque están obligados a contribuir con mucho más de lo que reciben. Ahora esa justificación ya no será posible.

El PP y Vox pusieron el grito en el cielo y clamaron contra acuerdos que consideran espurios, que solo garantizan la permanencia de Sánchez en el poder, y que van en contra de la unidad de España. Andalucía, Canarias y Galicia, en poder de las derechas, afirman que perderán entre 3000 y 6100 millones de euros anuales de ingresos, lo que los obligará a serios ajustes presupuestarios. El viernes, en un encuentro en el Palacete de los Duques de Pastrana, en Madrid, el titular del PP, Alberto Núñez Feijóo, acordó con sus “barones” –presidentes– de las comunidades exigirle a La Moncloa -un edificio a unas cuadras de allí y de características parecidas- que pare el cupo catalán y que reparta los fondos no ejecutados del plan Next Generation de la Unión Europea. Son unos 18.000 millones de euros de un proyecto de recuperación pospandemia.

Sánchez apunta a resolver esa disminución haciéndoles pagar a los que tienen dinero como para 100 vidas. “Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto», dijo en un acto en el Instituto Cervantes ante casi todo su gabinete y de los líderes sindicales de las centrales sindicales Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT). Independiente de lo que piensen algunos, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto fabricados en España, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis», concluyó.