Desde el Ministerio de seguridad provincial aseguraron que avanzarán con la aplicación de posibles sanciones.
La decisión oficial llegó tras más de un mes de negociaciones y ocho reuniones del Consejo del Salario, en las que el Ejecutivo aseguró haber presentado quince propuestas salariales sin lograr consenso con los representantes policiales. Desde la administración provincial sostuvieron que realizaron «el mayor esfuerzo posible» dentro de las posibilidades financieras de la provincia y consideraron agotada la instancia de diálogo.
Según la resolución oficial, el salario de bolsillo para un agente ingresante pasará a ubicarse en $1.746.634 desde julio -antes era de 1.182.351-, mientras que el Gobierno remarcó que se trata del tercer sueldo inicial más alto del país para las fuerzas de seguridad provinciales. La propuesta contempla además una recomposición escalonada entre junio y septiembre y una cláusula de revisión prevista para octubre.
Sin embargo, los policías autoconvocados rechazaron la oferta al considerarla insuficiente. Los efectivos reclaman un salario inicial cercano a los $2,9 millones y cuestionan tanto el monto ofrecido como la forma en que se desarrollaron las negociaciones, que, según denunciaron, estuvieron atravesadas por «imposiciones, amenazas y aprietes». También sostienen que el conflicto no puede considerarse cerrado porque nunca existió un acuerdo entre las partes.
Los agentes díscolos insistieron en mientras se desarrolla la protesta no hubo abandono del servicio y aseguraron que continúan llevando adelante sus funciones. «Nunca dejamos de cumplir el servicio», señalaron representantes de los autoconvocados, en respuesta a las críticas formuladas desde el Gobierno provincial y la conducción de la fuerza.
La tensión escaló aún más luego de la última reunión del Consejo del Salario, realizada en la Escuela de Policía, que terminó de manera abrupta en medio de acusaciones cruzadas. El Gobierno denunció hechos de violencia y daños en el edificio, y sostuvo que algunos sectores mantuvieron una postura «intransigente» frente a las propuestas oficiales.
Por su parte, el jefe de la Policía de Santa Cruz, Diego Agüero, confirmó que una vez formalizada la resolución salarial se iniciarán actuaciones administrativas para determinar posibles responsabilidades derivadas de las medidas de fuerza. Desde el Ministerio de Seguridad también anticiparon que podrían aplicarse descuentos salariales a quienes hayan incumplido servicios, al tiempo que se analizará el reconocimiento económico para el personal que mantuvo la operatividad durante el conflicto.
En medio de la disputa, el gobernador Vidal anunció además que mantendrá reuniones con efectivos de distintas jerarquías y destinos, en un intento por descomprimir la situación y abrir nuevos canales de diálogo, aunque sin reabrir por el momento la discusión salarial.
De esta manera, mientras el Ejecutivo provincial considera concluida la negociación y busca normalizar el funcionamiento de la fuerza, los policías autoconvocados sostienen que el conflicto sigue abierto y ratifican las medidas de protesta hasta obtener una nueva instancia de negociación y una mejora salarial que acerque los haberes al monto reclamado.
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