Saqueos organizados

La ministra Patricia Bullrich tiene razón: en la Argentina hay saqueos organizados. Los que protagonizan ciertas turbas -no todas- en los comercios, y el que vienen ejecutando el “mercado” y el Estado sobre los ingresos populares con la megadevaluación. Pero sólo a uno de esos grupos la ministra se propone castigar con el código penal. Para los otros, el gobierno tramita más fondos frescos del FMI.

El miércoles, la ministra de Seguridad realizó una denuncia penal para que se investiguen “supuestas conexiones» entre “sectores del kirchnerismo” y la media docena de intentos de saqueos que se registraron durante la semana en distintos puntos del país. Bullrich hizo pública la denuncia luego de participar de la primera reunión de coordinación del gabinete reducido con el presidente Mauricio Macri, en la residencia de Olivos. El primer mandatario, quedó claro, dio el visto bueno para que su ministra favorita difundiera una sospecha sin más pruebas que alusiones a supuestas cadenas de whatsapp.

Cuando se le requirieron mayores precisiones, Bullrich dijo que la información «se la hemos dado a la justicia; queremos que sea la justicia la que actúe a partir de decisiones penales y no denuncias mediáticas” expresó, en un infrecuente gesto de prudencia que pronto se desvaneció: a los pocos minutos, periodistas y medios afines al gobierno difundieron el supuesto contenido de algunas de las presuntas “cadenas”.

Partidarios del oficialismo intoxicaron las redes con presuntas “pruebas” de la instigación. Hubo casos de fakes patéticos -como el panelista de tevé que tuiteó la foto de un rapero como supuesto instigador-, y otros más graves: se difundió una foto falsa de un joven posando con un arma y se lo identificó como Rafael Ramírez, el pibe qom asesinado durante una protesta en Sáenz Peña, Chaco.    

“Ahí lo tienen al pobre niño de 13 años que murió en Sáenz Peña por el temita de los saqueos. Se merecía 25 balazos” tuiteó uno de los usuarios que difundió la foto apócrifa. La práctica se replicó por miles en twitter y facebook, las redes más usadas por los trolls paraoficiales para ejecutar sus campañas de acción psicológica, a menudo, en base a “fake news” (noticias falsas). Muchos argentinos, por cierto, no precisan de estímulos digitales para justificar el uso de la violencia -estatal o privada- para contener el conflicto social. Basta con prender la tele en los horarios centrales para comprobarlo.

La Argentina acumula una larga tradición de saqueos organizados con objetivos políticos. Pero no fue lo que ocurrió en Chaco: la balacera que terminó con la vida de Rafael se inició por una disputa entre una comunidad Toba y un comerciante que demoró la entrega de alimentos para cubrirse por los aumentos de precios que vendrían por efecto de la megadevaluación. O sea: el conflicto violento que mató a Rafael nació de un saqueo organizado de cuello blanco que en pocos meses depredó más de 12 mil millones de dólares en reservas, derrumbó el poder adquisitivo de los salarios e hizo más ricos a los funcionarios, amigos y entenados que tienen ahorros en dólares.

Todo legal.

Total normalidad.