Sarkozy: “Si quieren que duerma en la cárcel, dormiré en la cárcel, pero con la cabeza bien alta”

Con la condena de cinco años de prisión y otros tantos de inhabilitación por el cargo de asociación ilícita, el expresidente Nicolás Sarkozy inaugura en Francia la experiencia inédita en su historia democrática de tener un exmandatario condenado y detenido. Porque más allá de la apelación, deberá cursar el encarcelamiento.

Sarkozy se suma así a una lista actual de expresidentes con prisión efectiva que por diversas causas atraviesan el confinamiento, como Jair Bolsonaro y Cristina Kirchner, al otro lado del Atlántico.

Más allá de las razones y la legitimidad de cada uno de los procesos, la sentencia contra el francés reproduce un esquema similar en cuanto a que se lo condena por acciones cometidas durante su gestión atribuyéndole un supuesto interés para beneficiarse, en este caso financiar su campaña, y ya hay un sector que denuncia una “persecución”. El propio Sarkozy niega los cargos y clama su inocencia: “Si quieren que duerma en la cárcel, dormiré en la cárcel, pero con la cabeza bien alta”, declaró el también expresidente del partido de derecha Los Republicanos.

El jueves último, un tribunal de París condenó a Sarkozy por una causa que juzga los fondos que recibió durante la campaña electoral de 2007 del gobierno de Muamar al Gadafi, aunque el exmandatario francés fue absuelto de otros cargos que se le imputaban, el de corrupción pasiva y de encubrimiento de malversación de fondos públicos. Los hechos se remontan a un acuerdo firmado en el año 2005, en virtud del cual la campaña de Sarkozy se benefició de la entrega de 50 millones de euros procedentes de Libia. Teniendo en cuenta todos los cargos que se le imputaban, la Fiscalía había pedido siete años de cárcel, cinco de inhabilitación y 300.000 euros de multa para el expresidente, que se redujeron a 100 mil al momento de la sentencia. En la trama también se procesó a los exministros Éric Woerth, quien fue absuelto, Brice Hortefeux y Claude Guéant, a quienes se condenó por corrupción pasiva, falsificación y tráfico de influencias; y asociación ilícita, respectivamente. La sentencia implica la imposibilidad de excarcelación, a pesar de la apelación, lo cual es objeto de debate en la política francesa estos días.

La investigación se abrió en 2013, dos años después de que Saif al Islam, hijo del entonces líder libio que fue derrocado y asesinado tras una revuelta en 2011, acusara a Sarkozy de recibir millones del dinero de su padre para financiar su campaña. Al año siguiente, el empresario libanés Ziad Takieddine, que actuó durante mucho tiempo de intermediario entre Francia y Oriente Medio— afirmó tener pruebas escritas de que la campaña de Sarkozy fue financiada “abundantemente” por Trípoli, y que los pagos continuaron tras su llegada a la presidencia.

Según la fiscalía Sarkozy había prometido ayudar a Gadafi a combatir su mala reputación ante los países occidentales a cambio de este dinero. La jueza Nathalie Gavarino afirmó que el entonces presidente permitió que asesores cercanos contactaran con funcionarios libios con el fin de obtener dinero para su campaña. Pero el tribunal dictaminó que no había pruebas suficientes para determinar que fuera el beneficiario de la financiación ilegal de la campaña. La esposa de Sarkozy, la exsupermodelo y cantante italiana Carla Bruni, también fue acusada de asociación ilícita y de ocultar pruebas relacionadas con el caso, cargos que ella niega.

“Lo ocurrido hoy es de extrema gravedad para el Estado de derecho y para la confianza que se puede depositar en la justicia”, denunció Sarkozy al salir del tribunal tras la tendencia.

Desde que perdió su reelección en 2012, Sarkozy fue objeto de varias investigaciones penales. Su argumento es que se trata de una persecución político-judicial. En la derecha, el veredicto fue calificado de desproporcionado. En esa línea, el senador del partido Los Republicanos, Stéphane Le Rudulier, calificó el fallo de “tsunami de la vergüenza” e instó al presidente Emmanuel Macron a indultar al antiguo líder partidario. Los abogados recogieron esa petición y la presentarán formalmente. El actual presidente aún no se pronunció sobre el tema.

A su vez, la dirigente de extrema derecha, Marine Le Pen, señaló que la sentencia sentaba un peligroso precedente al imponer la ejecución inmediata a pesar de los derechos de apelación.