Se acerca el final de la partida para el Rey del Juego

La suerte de Adrián Almaraz cambió en la tarde del 1 de septiembre, cuando inspectores del Instituto de Lotería de la Provincia apoyados por agentes del Grupo Halcón allanaron su búnker de Castelar sur, en Bustamante al 2800. El lugar ocupaba media manzana: eran cuatro fachadas interconectadas por dentro. Altos muros, una cerca eléctrica y 30 cámaras lo hacían impenetrable. En el interior, una decena de empleados denominados «pasadores» llenaban las cajas fuertes con el dinero de la quiniela clandestina de gran parte de la región oeste.

El procedimiento dejó en evidencia lo que siempre se supo: el juego ilegal financia a una parte importante de la Bonaerense. Se secuestraron unos 650 mil dólares, 300 mil pesos y 10 mil euros, pero lo más comprometedor fueron unos 15 sobres que estaban dirigidos a las comisarías de la zona. También, se llevaron 22 computadoras, 13 fax y otros tantos servidores.

El denominado «Rey del Juego» estuvo apenas unas horas demorado. Se le imputa una contravención y a lo sumo se le cobrará una multa, pero en caso de ser condenado nunca más recuperará lo que tenía en su fortaleza: un botín valuado en alrededor de 20 millones de pesos. La causa madre tramita en el Juzgado Correccional N° 5 de Morón, a cargo de la jueza Graciela Angriman.

Almaraz y sus nueve cómplices cuentan con una defensa de lujo: el juez de Faltas de Hurlingham, Rafael de Francesco; su secretaria, Fabiana Martín; y la titular de la Oficina Anticorrupción de ese mismo distrito, Patricia Danna. Si bien el ejercicio del Derecho no está vedado para estos funcionarios municipales, fuentes consultadas por Tiempo coincidieron en opinar que el riesgo de caer en un «conflicto de interés» es muy delgado.

El juez de faltas De Francesco se puso al frente de la defensa de Almaraz desde el primer momento. Lo acompañan su secretaria Martín y otro abogado, Gustavo Amato, quienes, a su vez, se encargan de asesorar a las siete empleadas que estaban en el interior de la fortaleza del Rey del Juego.

Ese 1 de septiembre, la policía también allanó tres locales de la periferia que levantaban apuestas clandestinas y remitían al principal sospechoso, por lo que otras tres empleadas fueron identificadas e imputadas. Si bien habían aceptado la defensa oficial del Estado, a principios de junio, dos de ellas dieron marcha atrás y aceptaron la asistencia de Danna, la titular de la Oficina Anticorrupción.

Calificadas fuentes de la investigación precisaron a este diario que la estrategia de los abogados fue intentar hacer caer la causa. Presentaron nulidades de todo tipo. A saber: cuestionaron los allanamientos considerándolos fuera de la ley; quisieron apartar a la jueza; criticaron la amplia difusión en los medios del caso; exigieron que debía intervenir la Comisaría 3ª de Castelar sur (sospechada del cobro de coimas); y, más sugerente aun, fue la puesta en duda de que los investigadores descuidaron lo secuestrado del búnker de Almaraz, hoy en una caja de seguridad de la Casa Central del Banco Provincia a nombre del instituto bonaerense de Lotería y Casinos.

Los pedidos de la defensa fueron tan intensos que provocaron un sinfín de idas y vueltas, hasta que en junio, la Sala Segunda de la Cámara de Garantías en lo Penal de Morón, integrada por María Rita Bustamante, María del Carmen Peña y Aldo Fabián Acosta Argañaraz, avaló cada una de las actuaciones de la jueza Angriman, según precisaron voceros de ese tribunal.

Abogados consultados indicaron que «el ejercicio de la abogacía no es incompatible con el cargo de juez de Faltas o el de la titular de la Oficina Anticorrupción, siempre y cuando no se vean afectados los intereses de los particulares (de ellos y de sus clientes) con los del Estado». Para avanzar en este sentido «sería clave que la Justicia determine el pago de coimas a los funcionarios policiales para establecer cierto perjuicio al Estado o a la comuna», agregaron las fuentes.

Tiempo pudo confirmar que se abrió un expediente penal por los presuntos sobornos a la policía. La causa quedó en manos del fiscal de la UFI N° 3 de Morón, Walter Leguisamo, quien desde el 21 de diciembre «desestimó» la investigación hasta la incorporación de nuevas pruebas.

Desde Asuntos Internos, en tanto, informaron que ya identificaron e imputaron a 16 policías, varios de ellos con el rango de subcomisarios, quienes no pudieron justificar por qué pasaban periódicamente por la fortaleza de Almaraz.

Una de las imputadas en la investigación de Angriman fue clave para desandar el camino de los policías sospechados. El rastreo satelital de los patrulleros terminó de cerrar las pruebas en su contra. Ahora, los agentes tienen la posibilidad de hacer su descargo. Se cree que en los próximos días, la mayoría de ellos serán suspendidos o echados de la Bonaerense. «

El botín

Durante los allanamientos la policía secuestró elementos por $ 20 millones, entre PCs, servidores y dinero en efectivo en diferentes monedas. El botín quedó en custodia en una caja de seguridad del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, en el Banco Provincia.