La ley fue sancionada a fines de 2021. Buscar garantizar el derecho a la memoria del movimiento obrero y constituye una política reparatoria. El rol de las empresas será clave.
La Ley 27.656 fue aprobada por la Cámara de Diputados y de Senadores en diciembre de 2021 y dispone la inscripción de la condición de detenido desaparecido en los legajos laborales de quienes al momento de su desaparición o secuestro estaban en relación de dependencia en alguna empresa.
La Comisión realiza desde hace 16 años esa tarea dentro del Estado. Primero lo hizo en el Ministerio de Planificación y luego en toda la administración pública nacional. A partir de la sanción de esta nueva ley, se abrirá una oportunidad inédita para ampliar una búsqueda a través de la cual recuperaron las identidades laborales de más de 500 personas.
La primera tarea será realizar un relevamiento de las y los trabajadores del sector privado que hayan sido víctimas del terrorismo de Estado. Para Julian Scabbiolo, coordinador de la Comisión, esta decisión constituye un derecho laboral más: el derecho a la Memoria.
“Para nosotros, es un hecho político histórico. Es verdad que dentro de la lucha de los Derechos Humanos es una dimensión muy pequeña, pero que el Estado nacional repare y entregue a la familia el legajo laboral es una es una política reparatoria de derechos y permite reconstruir una parte de la memoria del movimiento obrero”, señala Scabbiolo en diálogo con Tiempo Argentino.
“Los legajos son la historia de los trabajadores y trabajadoras. Lo que estamos haciendo en una forma militante es reivindicarlos, reivindicar su lucha, reivindicar esa resistencia y visibilizar una historia que quiso ser borrada y ocultada”, añadió.
La clase obrera fue uno de los principales blancos apuntados por el terrorismo de Estado. Muchas de las personas desaparecidas eran delegados y delgadas gremiales y militantes políticos, perseguidos y desaparecidos con el objetivo de modificar las relaciones sociales heredadas del peronismo e imponer un nuevo modelo económico.
Esa persecución comenzó antes de la última dictadura, con la represión desatada en Tucumán en 1974 en el Operativo Independencia, que hizo especial foco en los ingenios y fábricas; y en Villa Constitución, en 1975, con la persecución a líderes sindicales y trabajadores de Acindar y otras planteas metalúrgicas de la ciudad.
En esa tarea que encabezaron militares y fuerzas de seguridad, hubo grandes empresas que tuvieron un rol central: facilitaron información y permitieron realizar secuestros en los espacios de trabajo, y realizaron aportes económicos y logísticos, vehículos y hasta predios donde instalar centros clandestinos de detención.
Ante esa responsabilidad de empresas y empresarios, que en muchos casos es investigada en la Justicia como crímenes de lesa humanidad, la tarea no será sencilla.
“Aspiramos a que las empresas colaboren en una tarea que tiene que ver con convenios internacionales de rango constitucional y buscan reparar circunstancias de delitos de lesa humanidad”, explica Scabbiolo y agrega: “Es una disputa cultural. Entendemos que hay sectores políticos y empresariales que son negacionistas sobre los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos. Esta ley también es construir una política de Estado para seguir construyendo una cultura democrática en nuestro país”.
La Comisión
La Comisión trabaja en la restitución de los legajos desde 2006, cuando comenzó a reconstruir qué había pasado con los trabajadores desaparecidos en el Ministerio de Planificación y Obras Públicas. “Comenzó con la pregunta de qué pasó con los compañeros que ahora no están. Entonces, fuimos reconstruyendo la historia del Ministerio y a su vez fuimos recuperando legajos”, recuerda Scabbiolo.
Seis años después, su tarea fue ratificada por el decreto 1199/2012, que dispuso la inscripción de la condición de detenido-desaparecido en los legajos de más de 130 estatales.
Ante cada reparación del legajo original por parte del Estado, la Comisión entrega una copia a la familia en un acto público en el lugar de trabajo, con los trabajadores actuales y los excompañeros. También impulsa que los hijos y las hijas de esos trabajadores y trabajadoras puedan incorporarse en esos lugares, si así lo desean ambas partes. Ya son 30 las hijas e hijos que lo hicieron en el Estado, la última ocurrió en enero último en Anses.
De la misma manera funcionará en el sector privado, adelanta Scabbiolo y señala que, más allá de la reparación del legajo, esto tiene “una profundidad humana reparatoria muy importante para la familia y también para los trabajadores actuales, que muchas veces no conocen lo que pasó en esas empresas durante la dictadura”. «
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