Se consolida la domiciliaria como método de detención por crímenes de lesa humanidad

La prisión domiciliaria pasó de ser una excepción para genocidas que tienen problemas de salud y no pueden ser atendidos en una cárcel a una decisión generalizada de jueces y tribunales para la gran mayoría de los represores, ya sea que están condenados o con prisión preventiva.

Según datos del Ministerio Público Fiscal, en los últimos años se consolidó la domiciliaria como el principal método de detención. De las 2229 personas condenadas o investigadas por crímenes de lesa humanidad en la actualidad, sólo 710 están detenidas, 546 lo están en sus casas, y 164 en una unidad del servicio penitenciario.

La discusión sobre estos beneficios es un tema preocupante para familiares, sobrevivientes, querellantes y fiscales desde la reapertura de los juicios en 2006. Tener en el mismo barrio o localidad a los genocidas, que son escasamente vigilados, genera la sensación de falta de justicia y revictimiza a quienes sufrieron esos crímenes. 15 años después, los acusados se hicieron mayores y las demoras judiciales y el paso del tiempo sin justicia profundizaron ese proceso y volvieron esas discusiones cada vez más comunes en las causas de lesa humanidad.

El momento de inflexión fue en 2016, cuando los arrestos domiciliarios superaron a los detenidos en penales, y ese proceso se aceleró en 2020, cuando la justicia federal envío masivamente a su casa a los represores con el argumento del coronavirus y muchos de esas decisiones no pudieron ser revertidas a pesar del final de la pandemia.

Desde 2015 a la fecha, los represores en prisión pasaron de ser 635 (el 58% de todos los detenidos) a apenas 185, lo que representa apenas el 13% del total de detenidos.

Los datos de la provincia de Córdoba son casi idénticos a esa media nacional: según un informe de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de esa provincia, de los 58 condenados por el terrorismo de Estado sólo 7 (12%) sigue en la cárcel y el resto fue beneficiado con alguna morigeración de la pena o falleció. Esto incluye a los tres exmilitares que están siendo juzgados actualmente, el excapitán carapintada Ernesto «Nabo» Barreiro, Carlos Villanueva y Carlos Díaz.

La situación se repite en Bahía Blanca, donde en el juicio denominado Quinto Cuerpo del Ejército, de los 37 imputados sólo tres se encuentran en una unidad penal y de los restantes, seis de ellos siguen el juicio en libertad.

En los tribunales de Comodoro Py las domiciliarias también son una constante, sin embargo, recientemente se conoció una decisión escandalosa del TOF 2: benefició al excarapintada Martín Sánchez Zinny, condenado a perpetua el año pasado en el juicio Regimiento 6 de Mercedes, con salidas recreativas para pasear con su hijo, que tiene problemas de salud. «Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que un asesino no es la persona indicada para cuidar a nadie. Es una locura», se quejó Bárbara García, querellante por el asesinato de su mamá, Rocío Borbolla.

En un comunicado difundido este miércoles, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación manifestó su preocupación sobre este fenómeno e informó que «profundiza los controles para que el Poder Judicial analice cada caso con rigurosidad» antes de conceder estos beneficios.

En un relevamiento realizado el año pasado por la Secretaría en las unidades penales de Ezeiza y de Campo de Mayo, donde se concentra la mayor cantidad de detenidos por crímenes de lesa humanidad, especialistas comprobaron que tienen las condiciones adecuadas para alojar a personas de edad avanzada y con problemas de salud, por lo que ese ya no debería ser un argumento para enviarlos a sus casas.

«Frente a graves violaciones de Derechos Humanos, los estados tienen el deber de juzgar y sancionar a los responsables, y de asegurar que las penas sean cumplidas de manera efectiva y completa como parte de la reparación a las víctimas y a la sociedad», señaló la Secretaría y advirtió que el Poder Judicial debe tomar «todos los recaudos posibles y evitar así decisiones arbitrarias que puedan exponer a las víctimas y familiares y comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino». «