Los sectores de la oposición que buscan darle viabilidad al megaproyecto de Milei propusieron al gobierno echar mano de los gastos tributarios que benefician a empresas y jueces como había planteado Massa. Hubo rechazo del equipo de Caputo.
En términos políticos, fue el termómetro más fiel sobre el alcance y las posibilidades de una real negociación entre el oficialismo y los bloques del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal y los legisladores rionegrinos y misioneros que forman parte del espacio Innovación Federal.
Por la naturaleza del tema, las respuestas pasan por el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo y por el jefe de Gabinete Nicolás Posse. A las 17 arrancó el tramo económico en el despacho de Menem, pero a esa hora los dos funcionarios ya habían llegado a Davos, Suiza, dentro de la comitiva que acompaña al presidente Javier Milei. No están desconectados de la negociación, porque en el despacho de Menem estaban el secretario de Finanzas Carlos Guberman, su par de Hacienda, Pablo Quirno y el vicejefe de Gabinete José Rolandi. Junto a ellos también estaba Martín Fariña, en representación de Federico Sturzenegger, sindicado como el principal autor en las sombras del proyecto de Ley.
Los funcionarios escucharon pero, según los testigos, también desestimaron varias alternativas que propusieron macristas y radicales. Uno de los focos de tensión pasó por la negativa de los aliados circunstanstanciales del oficialismo a respaldar un aumento de las retenciones. En lugar de aumentar este gravamen, algunos negociadores, cómo Miguel Pichetto (HCF), propusieron que el gobierno eche mano a los gastos tributarios, es decir, los beneficios impositivos que el Estado deja de cobrar para beneficiar a distintos sectores empresarios e incluso a los jueces que siguen sin pagar Ganancias. En los cálculos de la separata que el año pasado envió el entonces ministro Sergio Massa junto al proyecto de presupuesto, los gastos tributarios llegan al 4,8 por ciento del PBI. Los envíados de Toto desestimaron ese número y dijeron que solo llega a la mitad y ratificaron que no quieren cambiar el esquema de aumento de las retenciones.
Otro punto que todavía tiene final abierto, porque los enviados quedaron en contestar a partir de hoy, pasa por el paquete de privatizaciones. Entre susurros los representantes del Gobierno habrían deslizado que no hay intención de privatizar YPF y tampoco el Banco Nación. Sin embargo el mensaje de los bloques dialoguistas fue claro: una ley por empresa que pretendan privatizar y nada atado a facultades que les permitan disponer de las 41 empresas públicas que quieren enajenar. En ese punto hay un hilo que todavía no tiene costura pero aún no se ha cortado.
Los interlocutores macristas no son tan pesimistas como los de la UCR y HCF, pero hay un punto que aumenta las sospechas de un primer punto sin retorno. Desde que en proyecto fue presentado en Diputados, la primera crítica casi unánime apuntó al interés del oficialismo de suspender la fórmula de actualización jubilatoria y dejar los aumentos a discreción del Ejecutivo. El pro ya había dicho que no querían afectar a los jubilados y ayer la UCR ofreció aceptar una suspensión de seis meses pero a cambio de un mecanismo que establezca un nuevo método de aumento para las pensiones. La única cesión provisoria fue introducir un párrafo de compromiso para no afectar a los jubilados de menores ingresos pero la oferta no convence porque deja en evidencia que habrá un alto costo personal para los demás jubilados y sin una salvaguarda clara para los que cobran la mínima. Sobre ese eje los desacuerdos son muy claros, pero la pulseada sigue en desarrollo.
Otro eje sin coincidencia para por la ley de sostenibilidad de la deuda pública. El proyecto propone reformarla para que el Congreso no deba intervenir en la autorización del nuevo endeudamiento que contraiga Caputo. Sus secretarios anotaron el reparo pero deben esperar una respuesta de Davos.
Donde habría una coincidencia concreta es con el capítulo del blanqueo. La oposición dialoguista reclamó quitar la ventaja para los ex funcionarios que cumplieron funciones durante los últimos 15 años que beneficiaria a los que tuvieron desempeño en las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Los enviados de Toto y de Sturzenegger habrían aceptado sacarlos del beneficio e introducir el esquema de premios para los que se sumen al nuevo blanqueo que incluye el proyecto.
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"desestimaron ese número y dijeron que solo llega a la mitad" si llega a la mitad y quienes deben pagarlo son menos del 10% de la población, es MUCHÍSIMO!!!! Pero cómo van a ir en contra de ellos mismos?? Perjudicarse?? NOOOO, clarita la CASTA. "el Congreso no deba intervenir en la autorización del nuevo endeudamiento que contraiga Caputo" y así nos meterán vaya uno a saber cuántos, préstamos a MILES de años. Realmente son de lo PEOR que existe. Un TIRANO es un porotito.