Se encadenan en el Congreso para pedir una ley de nulidad de la reforma constitucional de Jujuy

Humberto Walter Condorí, 36 años, hace 8 días que, junto a Néstor Jerez y Eva Calisaya, está encadenado a las rejas del Congreso de la Nación. Salió de su casa en el departamento de Tilcara, provincia de Jujuy, a 1599 kilómetros de la Capital Federal hace 58 días junto al Tercer Malón de la Paz. Forma parte de la comunidad indígena Cueva del Inca y llegó hasta la Capital en busca de justicia ante los atropellos ilegítimos de la última reforma constitucional provincial y el régimen de persecución política instaurado por el gobernador Gerardo Morales. “Tomamos estas medidas porque no encontramos respuestas, ya reiteramos un montón de veces por notas y seguimos a la espera de respuesta de los diputados de los diferentes bloques”, cuenta a Tiempo.

Desde que el Tercer Malón arribó a la ciudad, ha realizado gestiones antes los tres poderes de la nación sin obtener ningún tipo de acción concreta respecto de sus reclamos. En especial, la delegación indígena peticiona al Congreso una sesión especial para dar tratamiento a la intervención federal de Jujuy así como la nulidad de la reforma aprobada de forma irregular. Una reforma que habilita la libre disposición de las tierras ancestrales de estos pueblos así como la explotación de los recursos naturales por parte de las empresas extranjeras.

Piden una sesión especial

“Nosotros ya nos vamos agotando, nuestras vidas ya están corriendo riesgo, hoy no es lo mismo, estamos hace días y se siente el cansancio, de noche ya no podemos dormir, el cuerpo va pasando factura”, dice Condorí con pesadez y aclara que la medida de fuerza también implica una huelga de hambre. Durante la mañana, el Tercer Malón presentó una nota a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau. Dice que con los diputados que acompañan su pedido no llegan al quórum suficiente para lograr una sesión especial, que necesitan que todos los bloques se pronuncien, que tienen esperanzas en Senadores pero que el tiempo sigue pasando, que no se puede vivir de esa manera. “Ya no me siento normal, ya empezaron a pasar los días y lo hacemos público: seguimos a la espera de que ellos se pronuncien, de aquí vamos a salir con una respuesta y si tiene que ser al cementerio tendrá que ser así”, resalta y se queda en silencio. Condorí contó que, además, se encuentran en situación de abandono y denunció que los profesionales de la salud del SAME no quisieron acercarse a chequear el estado y signos vitales de los tres encadenados. “No se acercaron, de lejos preguntaron como si fuéramos contagiosos, nos discriminaron”, aseveró.

Sin respuestas no se puede volver

“Nosotros salimos de Jujuy en busca de una respuesta, allá no existe la Justicia y acá nos encontramos que tampoco existe ¿qué más podemos hacer?”, se pregunta Condorí. Y prosigue: “si volvemos a Jujuy nos esperan las balas, la cárcel, las multas, que de noche te sacan de tu casa y te persigue la policía, nosotros no podemos volver sin una respuesta y también estamos cansados”. Condorí dice que lo que más extraña ahora es a su familia pero que resiste porque en sus tierras también están luchando. “En Jujuy sigue la dictadura ese es el problema, por eso tomamos esta medida, allá la gente se está movilizando y de esas movilizaciones se los señala y les mandan multas de 4 millones de pesos, no podemos salir a las calles a exigir nuestros derechos”, afirma.

No obstante, manifestó que la organización del pueblo jujeño frenó, al menos por ahora, la aprobación de un paquete de 30 leyes provinciales con las que Morales pretende dar operatividad a los artículos reformados de la Constitución.

Más desalojos en Jujuy

Condorí resaltó, además, que en las últimas semanas se agudizaron en Jujuy los desalojos a comunidades indígenas, situación que se impulsa con motivo de la nueva constitución de la provincia. “Son comunidades que han vivido ahí años, son casas donde también vivieron sus abuelos y ahora los están sacando”, declaró. En este sentido, Natalia Machaca de la comunidad del Perilago, expresó a Informativo Farco que hubo dos desalojos de cuatro familias en la Quiaca Vieja y que también durante la madrugada del martes 26 de septiembre. “Llegaron máquinas y materiales de construcción a Caspalá haciendo oídos sordos al cautelar que tiene la comunidad de Caspalá porque el lugar donde están haciendo la escuela que Gerardo Morales quiere hacer ahí, está siendo construida arriba de un terreno privado que ellos están usurpando”, manifestó.

Permanencia en Plaza Lavalle

La delegación del Tercer Malón de la Paz sostiene la permanencia en la plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. Según expresó Condorí, todos los días durante la mañana realizarán marchas para requerir una respuesta de las instituciones, en especial, del Congreso de la Nación. “Seguimos peleando aquí todavía, me hace fuerte saber que los hermanos allá siguen peleando también aunque están siendo perseguidos por la policía de Gerardo Morales, les siguen llegando multas”, expresa. Para colaborar con la delegación se pueden acercar alimentos a la permanencia, así como donaciones de plásticos para cubrirse de las lluvias ya que no tienen permitido armar las carpas. También solicitan la donación de agua ya que el gobierno de la Ciudad les cortó la canilla pública que utilizaban. “Lo más importante es que vengan a las marchas para acompañar”, concluyó.

Informe de organismos internacionales

El pasado 21 de septiembre, la abogada de comunidades aborígenes jujeñas, Alicia Chalabe, dio a conocer las conclusiones del informe que realizaron referentes de organismos de Derechos Humanos de México, Alemania, Chile y otros países, en relación a lo acontecido en Jujuy el 17 y 20 de junio en torno a la aprobación de la reforma parcial de la Constitución. Al respecto, Tiempo conversó con el abogado David Mejía Canales, quien había adelantado que la información relevada daba cuenta de la gravedad de las violaciones de derechos humanos en esa provincia.

Según informó Jujuy al Momento, el informe presentó pruebas contundentes de dichas vulneraciones y concluyó que “se aplicó el aparato represivo en pos de acallar la disidencia en relación a una reforma constitucional que se dictó de forma rápida”. También, según Chalabe, en el mismo documento se considera que el proceso hasta la aprobación de la Carta Magna jujeña fue breve teniendo en cuenta la importancia de la misma. Cabe destacar que este informe podría ser vinculante en el ámbito judicial, expresó la letrada, porque fue elaborado por extranjeros, referentes de Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos.