Se instaló el nuevo Consejo Constitucional y eligió como presidenta a una abogada de la ultraderecha

Los 50 consejeros constitucionales encargados de redactar la nueva carta magna de Chile, con mayoría y presidida por la derecha, tomaron este miércoles posesión del cargo en una ceremonia marcada por la presencia del presidente Gabriel Boric, nombramientos, ausencias y protestas de la derecha chilena con alusiones al dictador Augusto Pinochet.

A las 10 de la mañana local (11 de Argentina), Boric dio inicio al acto con un breve discurso en el que destacó: «Este consejo se instala hoy porque hemos logrado, recorriendo un largo camino, que primen los acuerdos”.

El mandatario agradeció el trabajo de la Comisión Experta, encargada de escribir el anteproyecto constitucional que servirá de guía a los consejeros, y resaltó que “desempeñaron su tarea con un espíritu patriótico que demostró ser virtuoso y espero además sea contagioso, no sólo para este espacio, sino para el conjunto de la sociedad chilena”.

En esa línea, pidió a los consejeros electos “colaboración” y “ceder cuando sea necesario”, para poder encontrar los puntos comunes “en búsqueda de lo mejor para Chile”.

“Estoy convencido que a nuestro país le hará bien cerrar este ciclo (constituyente). Confío que durante estos meses de intenso trabajo que les esperan piensen en esas personas que se han comprometido representar y que esta propuesta logre contenerlos e incluirlos”, cerró Boric.

Horas más tardes, el mandatario, a través de sus redes sociales, manifestó que esta nueva Constitución debe recoger “necesidades, sueños, angustias y esperanzas; que ponga el bien común por sobre los intereses particulares; que fortalezca nuestra democracia y sus instituciones”.

Luego del discurso del mandatario se dio paso al nombramiento oficial de los consejeros, donde se ausentó el electo por la región del Bío Bío, Aldo Sanhueza, exmiembro del ultraderechista Partido Republicano, quien renunció al Consejo Constitucional y su partido debido a denuncias en su contra de abuso sexual.

De esta forma, finalmente fueron 50 y no 51, como estaba previsto originalmente, los consejeros constitucionales que asumieron su cargo de forma oficial esta jornada.

En la votación para elegir los cargos de la Mesa Directiva, Beatriz Hevia, del Partido Republicano, fue elegida presidenta al conseguir 33 votos, mientras que Aldo Valle, independiente con cupo del Partido Socialista, fue designado vicepresidente con 17 votos.

Hevia, en un discurso tras asumir su nueva responsabilidad, señaló que “la Constitución no es la primera ni la última respuesta, pero debe proteger y garantizar la libertad y dignidad de cada uno de los habitantes de este país».

Afirmó además que “es un deber” analizar “críticamente este texto (borrador de la Comisión Experta) y procesar las diferencias que tenemos”, para de esta forma “llegar a un texto final que interprete de la manera más fiel a los millones de chilenos que han confiado en nosotros”.

Por su parte, Valle manifestó: «Representamos ciertamente anhelos, ideales, creencias, propósitos distintos”, pero esto “siempre será así en sociedades diversas como Chile”.

La ceremonia que dio inicio al trabajo para redactar la nueva Constitución también estuvo marcada por protestas en las cercanías del exCongreso Constitucional de Santiago, donde el denominado “Team Patriota” de la derecha chilena se manifestó en contra del Consejo Constitucional con lienzos y banderas.

“Los consejeros son unos borregos”, expresaron por altavoces la agrupación, quienes además entonaron el Himno Nacional haciendo alusiones al dictador Augusto Pinochet.

Este nuevo proceso constituyente surge luego de que la carta magna redactada por la Convención Constitucional anterior sea rechazada por el 61% de los chilenos el 4 de septiembre de 2022.

Bajo este contexto se inició el nuevo proceso, que a diferencia del anterior, contó con un panel de 24 expertos, denominada Comisión Experta, elegidos por el Congreso chileno para preparar un anteproyecto con el que el Consejo Constitucional pueda trabajar.

El trabajo de la Comisión Experta estuvo condicionado por las normas del «Acuerdo por Chile» que firmaron los partidos políticos con representación parlamentaria (a excepción del Partido Republicano), que estableció un marco de 12 principios o bases institucionales que tuvieron que tener en cuenta los 24 expertos al momento de redactar el borrador.

Esto último, con el objetivo de impedir que la nueva propuesta sea rechazada, como pasó con el proceso anterior al ser redactada desde cero.

De esta forma, el pasado 7 de mayo, los chilenos fueron hasta las urnas para elegir a los consejeros constitucionales, donde la derecha chilena se quedó con 33 de los 51 asientos del Consejo Constitucional.

Con la mesa conformada, el 31 de mayo pasado la Comisión de Expertos entregó el borrador de nueva Constitución tras un trabajo de tres meses.

Dentro de las normas aprobadas en este borrador está el reforzamiento de las funciones actuales del Tribunal Calificador de Elecciones y el Servicio Electoral; la protección del medio ambiente, que debe comprender «la conservación, preservación, restauración y regeneración de las funciones y equilibrios de la naturaleza, y su biodiversidad»; y la autonomía del Banco Central, que tendrá por objetivo “velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos”.

Además, el anteproyecto fija que «Chile es un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”, además de reconocer a los pueblos indígenas como “parte de la nación chilena, que es una e indivisible”.

Respecto al borrador presentado por la Comisión Experta, Boric lo calificó como “un trabajo muy serio”, y al ser consultado sobre su postura, respondió categóricamente que “la aprobaría”.

Sin embargo, el mandatario fue claro en decir que de ser rechazada esta nueva propuesta “no impulsará un tercer proceso” para cambiar el texto actual, que data de 1980 y fue escrita durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Ahora, los consejeros constitucionales tendrán un plazo de cinco meses para trabajar en el borrador presentado por la Comisión Experta y entregar el texto final de nueva carta magna, el cual será votado en un plebiscito obligatorio el 17 de diciembre.