La abogada Andrea Pochak, exsubsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, fue electa junto a representantes de Guyana, Guatemala y Surinam.
El ingreso de Pochak, quien fue subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y antes fue titular de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal, genera que Argentina tenga una representante en la CIDH después de 14 años.
El último había sido Víctor Abramovich, hoy procurador general ante la Corte Suprema de Justicia, quien integró la Comisión entre 2006 y 2009.
También será la segunda mujer en representar al país en esa instancia interamericana: la anterior había sido Elsa Kelly, quien ocupó ese lugar entre 1986 y 1989.
La delegación argentina consideró el ingreso de la comisionada como un reconocimiento al compromiso del país con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a la vez a la trayectoria de Pochak en la defensa de los derechos humanos.
La elección estuvo enmarcada en un clima tenso, con el retiro sin explicación de varias candidaturas y con el rechazo de organismos de derechos humanos a dos candidaturas de referentes antiderechos como son Ralón, quien finalmente fue reelecto, y el ecuatoriano Pier Paolo Pigozzi, quien apenas recibió 9 votos.
En ambos casos, un panel independiente que analizó las candidaturas había considerado que no cumplían con los criterios para integrar la CIDH, en particular por sus posturas regresivas sobre el aborto, educación sexual, identidad de género, entre otros temas.
La Argentina tiene un vínculo histórico con la CIDH a partir del rol fundamental que cumplió durante la dictadura y su visita en 1979, luego de la que denunció las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas en el país.
Años más tarde, en plena vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y de los indultos, nuevamente el sistema interamericano de derechos humanos fue importante para la reapertura de los juicios con un informe de 1992 que declaró que las leyes de impunidad e indultos violan la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y luego con un fallo sobre el derecho a la verdad en el caso de Carmen Aguiar de Lapacó, de Madres de Plaza de Mayo.
Actualmente hay en trámite medidas cautelares por la persecución contra Milagro Sola, por la impunidad del atentado a la Amia, casos vinculados con violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y de violencia institucional, entre otros.
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