Se suman denuncias contra la directora de La Banderita: golpes, despidos y el apoyo de Soledad Acuña

Se levantó temprano, preparó la cartuchera, se puso el guardapolvo y viajó hasta la Torre de los Ingleses donde la esperaban sus dos compañeros de trabajo. Entre anécdotas y recuerdos caminaron hasta la escuela. Al llegar a la puerta la seguridad privada les negó el ingreso. Luego entraron, pero solo les dejaron sentarse en unas sillas de la entrada. “¡Se paran! No me gusta que estén acá”, gritaron desde una oficina. La voz pertenecía a un hombre que llegó y llevó al pequeño grupo cerca de la dirección. Les asignó una tarea rutinaria, sin acceso a computadoras, lo que les obligó a usar sus celulares. «En ese momento el hombre se me acerca y me grita que le dé el teléfono. Me vuelve a gritar, me increpa y hace ademán de golpearme mientras quería arrebatarme el teléfono. Mi compañero me defendió», cuenta Violeta (nombre que eligió para resguardar su privacidad).

Fue el 6 de febrero, cuando docentes y equipos de conducción tenían que retomar sus tareas en las escuelas. Pero en la Primaria N° 25 «La Banderita» de Retiro se encontraron con un nuevo hecho de violencia por parte de Mónica Casalini, la directora denunciada en la Justicia por agredir psicológica y físicamente a estudiantes, situaciones que desde julio viene denunciando este diario. Violeta era una de las tres secretarias que tenía el colegio. Tras la agresión se vio obligada a renunciar.

Quien intentó golpearla es Osvaldo Marini, el marido de Casalini, que recorre la escuela y dicta órdenes como si fuera un directivo más, pero no tiene ningún cargo. Ni siquiera es docente. Según denuncian, amedrenta y hostiga al personal docente y no docente, como «guardaespalda» de la directora. En los papeles trabaja en relación de dependencia para Ecohabitat S.A., una empresa contratada por el Gobierno de la Ciudad para la recolección de residuos y la higiene urbana.

«Desde que asumió Casalini a la dirección hace dos años, pasaron 24 personas por el equipo de conducción, entre vicedirectores y secretarias, todos renunciaron. Uno de ellos era Patricio Inostrosa, secretario de la escuela que murió atropellado cruzando la avenida a dos cuadras de La Banderita, mientras lo llamaban insistentemente porque estaba demorando en llegar de una capacitación a la que había ido citado por la supervisión –recuerda Violeta–. Él murió un viernes y el martes se casaba. Varias veces iba enfermo a trabajar para que Casalini no se enojara».

Violeta denunció la agresión sufrida ante la policía y la supervisión. Nadie prestó atención a su demanda. Por el mismo hecho ese día renunció su compañero de trabajo, quien también era hostigado constantemente por la directora. «Nos vamos porque sentimos que ya no podemos cumplir con nuestra tarea que tiene que ver con mejorar las condiciones de enseñar y aprender. Pero donde estemos vamos a seguir peleando para que La Banderita se convierta en una escuela en la que se pueda trabajar en libertad», concluye Violeta.

Entre julio y diciembre del año pasado, la comunidad educativa movilizó varias veces a La Banderita para exigir la renuncia de Casalini por violencia a los chicos. Tras esas marchas todo empeoró. Según relata la comunidad educativa, se encerró más en su oficina, sin permitir el ingreso de nadie, salvo las vicedirectoras que replican sus órdenes. En medio de los reclamos, la ministra Soledad Acuña brindó su apoyo a Casalini. Fue a la escuela y se sacó fotos con la directora. El apoyo oficial no terminó ahí: la «ascendieron». Casalini estaba como directora suplente en La Banderita. En febrero titularizó.

«Por pedido de ella me dieron de baja. Yo trabajaba como maestra en grado de nivelación», cuenta una docente que también evita dar su nombre por temor a represalias. Trabajó todo febrero en la escuela. Sobre el final le notificaron que su baja se había hecho efectiva el 6 de febrero. «Nadie me avisó, todo se hizo de manera muy desprolija, fui a trabajar todo el tiempo sin saber que ya no pertenecía más al equipo docente». La mujer está embarazada y era delegada sindical en el establecimiento. «Creo que mi destitución tiene que ver con mi pertenencia gremial», acota.

Ante familias, docentes y estudiantes, Casalini hace alarde de que su «amiga» Acuña la protege. La abogada Raquel Saravia –representante legal de la familia de A., un niño de 10 años que denunció haber sido golpeado por Casalini, y también de otras familias del establecimiento–, pidió en junio la separación del cargo de la directora. «Los delitos que le atribuyen están contenidos en el artículo 91 del Código Penal. Si la Justicia funcionase como debería funcionar esta mujer debería recibir una pena que va de los tres a 10 años de prisión efectiva –reclama–. Lamentablemente en la Ciudad no hay Justicia independiente, porque ante la grave denuncia de agresión a un menor de edad no hicieron lugar al pedido que realizamos, y el nene tuvo que buscar vacante en otra escuela porque Casalini lo seguía hostigando y maltratando». «