Se tensa la relación entre el gobierno y las entidades agrícolas

El enfrentamiento entre parte de la dirigencia agraria y el gobierno subió de tono con las declaraciones del presidente Alberto Fernández, fustigando la política de libertad de precios que pregona el sector agropecuario.

“No entiendo por qué a los argentinos tienen que cobrarles el maíz igual que se lo cobran a otro que quiere comprar en otro lugar del mundo. ¿Por qué tienen que hacerme pagar a mí el precio que paga el mundo? Garanticen al argentino lo que consume y eso cóbrenlo según lo que corresponde a la Argentina. Del resto exporten todo lo que quieran, al precio que se les dé la gana”, dijo Fernández en una extensa entrevista con Radio con Vos.

La polémica se desató a partir de la decisión de la Mesa de Enlace de llamar a un lockout de 72 horas entre el lunes 11 y el miércoles 13, en protesta por el cierre de las exportaciones de maíz que dispuso el Ministerio de Agricultura. Por tal razón, durante ese período no se comercializarán granos. La decisión tuvo el aval de la Sociedad Rural, la Federación Agraria Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas. Sin embargo, Coninagro, la cuarta entidad que conforma la Mesa, se abstuvo de adherir al paro aunque adhirió al pedido para levantar la resolución ministerial.

La suspensión de las ventas de maíz al exterior, que regirá hasta el 1 de marzo, busca asegurar el abastecimiento interno para la alimentación de animales. En las últimas semanas entidades que agrupan a productores de carne vacuna, de cerdo y de la industria avícola reportaron inconvenientes para conseguir el grano. Un eventual incremento en ese insumo significaría también un aumento en el precio que los consumidores finales pagan en el mostrador.

“El mundo demanda carne, pero ¿por qué los argentinos pagan el kilo de asado como lo paga un chino, un francés o un alemán? Si los productores argentinos tienen costos en pesos argentinos. Y hace años que no tienen aumentos de luz ni gas, tuvieron bajos aumentos de combustibles y recibieron ayuda del programa ATP. Esto es lo que me pasa con el trigo, el maíz, el girasol, el aceite, la carne… Es una discusión que estamos dando”, se explayó Fernández.

En su reunión del martes por la tarde, en la que se decidió confirmar el lockout, la Mesa de Enlace priorizó otros aspectos, como la pérdida de oportunidades comerciales y el menor ingreso de divisas por el saldo exportable (de unos cuatro millones de toneladas, según estimó el Ministerio de Agricultura) que dejaría de venderse. El comunicado emitido tras el encuentro hizo hincapié en “la necesidad de revisar esta medida absolutamente negativa para los intereses de todos los argentinos, en un marco del diálogo con las autoridades que puedan resolver los destinos del futuro del campo y del país».

Algunos analistas se aferraron a esa última línea para especular con una posible instancia de conversaciones que permita desactivar la protesta. A cambio, podría crearse algún mecanismo que asegure el abastecimiento interno a partir de la próxima cosecha. A eso atribuyeron la ventana de cinco días corridos entre la declaración de la medida de fuerza y su inicio. De hecho, productores autoconvocados de las provincias de Córdoba y Santa Fe decidieron no esperar para expresar su enojo y anunciaron asambleas masivas para este jueves y viernes.

Con todo, las posiciones no son unánimes, tal como quedó demostrado con la posición de Coninagro, que no adhirió al cese de comercialización de granos. “No es momento de parar, pero sí de reclamar. Todo conflicto debe ser canalizado sin abandonar el diálogo”, dijo su titular, Carlos Iannizzotto. “El delicado escenario social no tolera un paro, ni tampoco soporta medidas que desalientan la producción de los que invierten todos los días como son los productores”, agregó. La entidad formuló un “pedido público y de carácter formal” para reunirse con Fernández. A juzgar por los dichos presidenciales, el eventual encuentro no serviría para que se modifique la posición oficial.