Se viene la sentencia por Lucio Dupuy: un caso emblema de las infancias desprotegidas

Politraumatismos por golpes. Mordeduras. Quemaduras de vieja y reciente data. Eso señaló el informe de autopsia del forense sobre el cuerpo de Lucio Abel Dupuy. Tenía 5 años cuando ingresó a la guardia del Hospital Evita el 26 de noviembre de 2021, en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, y allí murió producto de hemorragias internas. El forense también constató que había sufrido abuso sexual. Lo llevaron herido su madre Magdalena Espósito Valenti (25) y su pareja, Abigail Páez (28). Al principio dijeron que un hombre había entrado a robar a su casa y que había golpeado a Lucio. Pero la versión no se sostuvo. La policía las detuvo esa misma noche.

Casi un año después, en noviembre pasado, comenzó el juicio oral. Las imputadas enfrentaron los cargos de homicidio calificado por el vínculo, con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser guardadoras, por haberse cometido por dos personas y existir convivencia con la víctima menor de 18 años. La querella pidió sumar el agravante de odio de género mientras que las defensas plantearon la hipótesis de un hecho “preterintencional”, es decir, que tuvieron intenciones de causar un daño pero no la muerte.

El juicio, con 18 audiencias y la declaración de más de cien testigos, se produjo a puertas cerradas por la naturaleza del hecho (violencia sexual). La fiscalía y la querella pidieron la pena de prisión perpetua. «Sé que les van a dar una condena ejemplar porque este caso resonó y estamos bajo los ojos de la Argentina y del mundo. Hay mucha gente dolida por la injusticia», aseguró a Télam Silvia Gómez, abuela paterna de Lucio. La sentencia se dará a conocer este jueves 2 de febrero.

Según publicó el diario Los Andes, Lucio no vivía con sus padres desde 2019. Christian Dupuy y Magdalena Espósito Valenti se habían separado y por situaciones personales acordaron ante la Justicia que su hijo viviera con sus tíos paternos en General Pico. Este acuerdo se sostuvo homologado ante la Justicia hasta que su madre contó con una fuente de ingresos y reclamó su cuidado. Lucio empezó a vivir en Santa Rosa con ella y su pareja el 31 de julio de 2020.

A partir de allí, la historia clínica de Lucio habla por él. Tuvo, al menos, cinco ingresos en diferentes establecimientos de salud públicos durante el último año de vida por lesiones que permitían suponer que sufría violencia intrafamiliar. El 15 de diciembre del 2020 fue atendido en el Hospital Evita por traumatismos. Tres días después ingresó al Hospital Molas por fractura de muñeca y mano. El 22 de enero de 2021 fue atendido en una posta de salud del barrio Río Atuel por traumatismo en un brazo. El 1 de febrero ingresó al Hospital Evita: tenía traumatismos en el cuerpo. El 23 de marzo regresó a ese centro de salud por deformidad en un dedo a raíz de una fractura. No se registró ninguna denuncia por parte del personal médico. El 26 de noviembre de 2021 fue la última vez que ingresó a ese hospital, donde murió.

El abogado de la familia Dupuy, José Aguerrido, aseveró que hará una denuncia penal contra el sistema de salud pampeano que ignoró las alarmas. También reclamó juicio político para la jueza que otorgó el cuidado personal de Lucio a favor de la madre. Para su abuela, con esa decisión “le firmó la sentencia de muerte”.

Vulnerabilidad

Esta semana se conoció el caso de Milena Sena Torres. La beba de dos años llegó sin vida al hospital Malvinas Argentinas de Merlo (Buenos Aires) con politraumatismos. Su madre Milagros Torres (22) declaró que se había caído de la cama. La autopsia reveló que la habían asesinado a golpes. Quedó detenida la madre y su pareja Eduardo Chamorro (26).

Los casos de Lucio y Milena ponen en discusión la situación de vulnerabilidad de las infancias ante las violencias. Según la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, entre 2020 y 2021 se recibieron 16.162 denuncias por hechos de violencia doméstica. El 30% correspondió a niños, niñas y adolescentes. El 99% de los casos fueron derivados a la justicia civil que ordenó 9020 medidas de protección: el 60% consistió en prohibición de acercamiento. Los principales agresores fueron varones (73%), 8 de cada 10 resultaron agredidos por sus progenitores y el 47% cohabitaba con ellos. «