La Procuración General de la Nación tiene tiempo hasta el martes para presentar su dictamen, y recién en ese momento, el máximo tribunal responderá si puede o no brindar la declaración de certeza que pidió la vicepresidenta para que la Cámara Alta funcione de forma remota y no en el Congreso.

Además, el juez de feria le dio 48 horas hábiles a la Procuración General de la Nación, a cargo de Eduardo Casal, para presentar su dictamen al respecto y así continuar con el trámite, por lo que la semana que viene podrá haber una respuesta de la Corte al pedido de la vicepresidenta.
Esta resolución llegó unas horas después de que la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, afirmara que la Corte Suprema había suspendido una reunión virtual para no tratar el pedido y después de que hubiere consideró que se «busca obstaculizar» el tratamiento del impuesto a las grandes fortunas.
En diálogo con Radio El Destape, Peñafort también dijo que la misma actitud fue tomada por el bloque de Juntos por el Cambio, cuyos integrantes hace una semana pedían «la sesión virtual, pero, cuando se supo que era para tratar el impuesto a las riquezas, ahí ingresó una nota firmada por el bloque diciendo que ahora ya no la quieren».
Al referirse a la postura de la principal bancada opositora en el Senado, Peñafort hizo referencia a la carta enviada el jueves por el jefe de los senadores de Cambiemos, Luis Naidenoff, y su par de PRO, Humberto Schiavioni, quienes pidieron que se convoque a una reunión de los representantes de las distintas bancadas del Senado, y expresaron que no ven «impedimentos» para sesionar de manera presencial o virtual.
En esa misiva, los legisladores de la oposición consideraron además «improcedente» el requerimiento a la Corte Suprema de Justicia formulado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que emita una declaración de certeza que avale la legalidad de una eventual sesión virtual del Senado.
Peñafort explicó que la nota presentada por la oposición dice que «ellos quieren sesionar presencialmente, pero además dijeron que no era institucional»; sin embargo, «la verdad es que no podemos hacer funcionar uno de los órganos del Estado, el Poder Legislativo no tiene cómo sesionar hoy».
«Esto sólo da cuenta de qué es lo que está pasando del otro lado», sostuvo la abogada y agregó: «A mí me impresiona; no he visto el proyecto, pero todo el mundo está diciendo que esto alcanza a 12.000 grandes fortunas».
«¿Cómo puede ser que todo un sector político, que han sido gobierno, estén embanderando la defensa del dinero de 12000 personas? ¿Están dispuestos a comprometer la vida de sus colegas?», se preguntó, y consideró: «Es inaudito, me genera desconcierto, porque están poniendo en riesgo incluso sus propias vidas».
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