Con 29 votos a favor, seis en contra y una abstención, el Senado de Mendoza aprobó la Declaración de Impacto Ambiental de proyecto San Jorge, que abre la puerta a habilitaciones de inversiones mineras en la provincia. Fuera del recinto, una multitud expresaba su rechazo.
El oficialismo impulsa la minería en la provincia como promesa de motor de empleo y crecimiento, sin dar crédito a los reclamos opositores por los altos riesgos de contaminación del agua y la falta de licencia social, en una provincia con una larga historia de movilización en defensa del agua.
Así, con 29 votos a favor, seis en contra y una abstención, el Senado de Mendoza aprobó la Declaración de Impacto Ambiental de proyecto San Jorge, que abre la puerta a habilitaciones de inversiones mineras en la provincia.
Como consignó el diario provincial Los Andes, el proyecto enviado por el gobernador Alfredo Cornejo tuvo el respaldo de Cambia Mendoza, el PRO y parte del peronismo. Se esperaba un rechazo unificado del PJ, pero hubo senadores que cambiaron su postura a partir de la documentación del Departamento General de Irrigación. Adriana Cano, Pedro Serra, Mauricio Sat, Mercedes Derrache y Alejandra Barro dieron su voto a favor del proyecto.
En contra votaron los peronistas Gerardo Vaquer y Sandra Gómez y los kirchneristas Félix González y Helio Perviú. También dieron su voto negativo Dugar Chappel (Partido Verde) y Flavia Manoni (Hacemos). La abstención fue de Duilio Pezzutti.
Armando Magistretti, del Partido Demócrata, y los legisladores de La Unión Mendocina, Ariel Pringles y Marcos Quattrini, a favor.
No solo se votó por el proyecto San Jorge. También se aprobó la declaración de impacto ambiental (DIA) para la exploración de Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II), con 27 propuestas mineras en ese departamento del sur mendocino. En ese caso, hubo 31 votos positivos y tres en contra.
Según denunció la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) antes de la votación, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto San Jorge, ubicado en la localidad de Uspallata, presenta “debilidades” y conlleva “riesgo de contaminación del agua”.
La Fundación advirtió que la Declaración “traslada la resolución de riesgos ambientales a etapas futuras, configurando una autorización condicionada que viola la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y la normativa provincial (Ley 5961 y Ley 7722)”.
En tanto, FARN remarcó que “los dictámenes técnicos del Departamento General de Irrigación, la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo (FUNC) y el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA) del CONICET señalan debilidades estructurales en el Informe de Impacto Ambiental (IIA). Los riesgos ambientales, al haber sido diferidos, impiden medir el impacto y la compatibilidad del proyecto con el uso sustentable del agua”. El documento concluye que “en definitiva, la DIA fue otorgada sin contar con evidencia hidrogeológica esencial. Se difiere la definición de la línea de base del caudal y la calidad del arroyo El Tigre, condición indispensable para evaluar impactos”.
Además, el relevamiento difundido desde FARN señala que “el balance hídrico presentado en el informe ambiental utiliza datos desactualizados (2008-2010) y no considera la variable del cambio climático en la actualidad y sus proyecciones futuras. Los dictámenes técnicos advirtieron sobre el riesgo de drenaje de ácido de roca, señalando la insuficiencia de muestras presentadas: sólo 4 muestras, cuando deberían haber sido decenas”. Además, “existe incertidumbre sobre la conectividad con el acuífero Yalguaraz/Lomada y la cuenca del río Mendoza, lo que constituye un riesgo significativo de contaminación subterránea”.
La organización ambientalista planteó, en línea con el reclamo popular, que “esta falta de certeza activa el principio precautorio que establece que no se debe avanzar con la actividad hasta tanto no se diluciden las incertidumbres sobre los peligros existentes para el ambiente”. Sin embargo, el Senado aprobó el proyecto, que tampoco cuenta con el consentimiento de las comunidades indígenas de la zona.
“Que Mendoza tenga montaña y no tenga minería, es como que Mar del Plata no tenga pesca”, dijo Serra. “Esta DIA es totalmente constitucional y estamos cumpliendo con todas las leyes, principalmente con la 7722″, dijo Natacha Eisenchlas, del oficialismo, aludiendo a la histórica Ley del Agua de Mendoza.
Con advertencias coincidentes con el planteo de FARN, el peronista González sostuvo que “la DIA de San Jorge está mal, por eso tiene que volver al Ejecutivo para que complete y mejore toda la información que se le han marcado. Estamos en un problema serio”.
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