Ser migrante en la Argentina libertaria: el fin de un derecho humano inalienable

A mediados de 2024, Abdoulaye*, un joven de 27 años, decidió abandonar Senegal. En Sakal, la comunidad rural donde nació, casi no había trabajo y las posibilidades de progresar eran escasas. A través de un familiar, logró contactar al vigía de un barco mercante y le pagó para subir como polizón. No preguntó hacia dónde se dirigía: tampoco le importaba. Lo dejaron en Iguazú, una zona de frontera donde confluyen Brasil, Paraguay y Argentina. Pocas horas después, cruzó a Misiones en un remís conducido por un argentino. En la ciudad de Posadas, lo esperaba un micro que lo llevó a Buenos Aires.

Durante casi dos décadas, Argentina fue considerado un país pionero en materia de derecho para personas migrantes y refugiadas. En 2004, la sanción de la Ley de Migración N°27.851 fue celebrada por múltiples organismos internacionales debido a su perspectiva de la migración como un derecho humano inalienable. Dos años después se aprobó la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado N26.165. Esta normativa se basa en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de ACNUR e incluye la prohibición del rechazo en frontera, el acceso a la reunificación familiar y la no penalización por ingreso irregular.

Mientras Abdoulaye buscaba trabajo y un sitio estable para vivir, los integrantes de una organización migrante le sugirieron que solicitara asilo. La entidad que se ocupa de esto es la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE). Según los datos oficiales, entre 2019 y 2024, el organismo recibió 8397 solicitudes. La mayoría iniciadas por hombres de entre 18 y 59 años, provenientes de Rusia, Brasil, Cuba y Venezuela. Si bien ya había una tendencia creciente, en 2024, los solicitantes de asilo de Senegal se duplicaron.

El trámite suele tardar dos años y el panorama es menos favorable para los que no fueran perseguidos políticos o religiosos. Sin embargo, a Abdoulaye esto no le preocupaba. Contaba con un DNI precario, el cual le permitió inscribirse en el monotributo, estudiar y acceder al sistema sanitario de manera gratuita. Por otro lado, en Argentina, la comunidad senegalesa creció mucho en los últimos años. Gracias a esto, el proceso de adaptación no fue tan duro: “Extraño mucho a mi mamá y a mis hermanos, y aún así me sentí muy acompañado por otros senegaleses”, dijo.

El jueves 29 de mayo, el Poder Ejecutivo oficializó la reforma migratoria. El nuevo decreto impone medidas más restrictivas para permanecer en el país. A partir de ahora, el DNI precario tendrá una vigencia máxima de 90 días, y ya no servirá para tramitar la residencia permanente.

En cambio, para adquirir esta condición, es necesario contar con ingresos fijos y demostrables. Por otro lado, vivir dos años en el país ya no es suficiente para adquirir la ciudadanía, sino que sólo pueden acceder a ella quienes cuenten con una residencia legal continua o permanezcan en calidad de inversores. La normativa también acelera los procesos de expulsión y quita la posibilidad de regularizar la situación.

En lo que refiere a salud, determina que sólo los residentes permanentes podrán utilizar de manera gratuita el sistema sanitario. El resto deberá pagar la atención o contar con un seguro médico. Por último, en cuanto al sistema educativo, se prohíbe que las personas en condiciones de irregularidad puedan inscribirse en instituciones terciarias o universidades.

El decreto no recae de manera directa sobre la población refugiada. No obstante sí afecta a las personas como Abdoulaye que están a la espera de la resolución de la CONARE. Desde que se publicó la medida, la incertidumbre entre los solicitantes de asilo aumentó. En una mezcla de francés, wolof (una de las lenguas habladas en senegal) y español, comentó que no sabe si puede atenderse en hospitales públicos, así como tampoco está seguro de qué ocurrirá una vez que venza su residencia precaria. También señaló que en su caso, acceder a un trabajo formal es mucho más difícil: “Para los que tenemos piel negra, es casi imposible. En las entrevistas te miran con desconfianza y ni te preguntan si tenés formación”.

La reforma migratoria no es la primera medida del gobierno de Javier Milei que afecta a los refugiados. En octubre de 2024, se modificó la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado a través del DNU 942/2024 . Fuentes oficiales explicaron que el objetivo de esta medida es proteger el territorio nacional del avance del terrorismo. La nueva disposición amplía las causales de exclusión y establece que ninguna persona que haya cometido un delito grave puede solicitar asilo. Es importante tener en cuenta que la convención de ACNUR a la que Argentina adscribe, cuenta con cláusulas específicas para evitar que quienes hayan cometido delitos contra los derechos humanos –como criminales de guerra– puedan beneficiarse de la protección que otorga el sistema de asilo.

Desde CAREF, afirman que el decreto establece un criterio demasiado amplio de lo que se entiende por delito grave, desvirtuando la aplicación excepcional de las cláusulas de exclusión: “La redacción actual es mucho más arbitraria. Basta con que las personas solicitantes se encuentren en alguna de las situaciones enumeradas». Por su parte, Lucía Galoppo, abogada del equipo de Trabajo Internacional del CELS y especialista en población migrante y refugiada, agregó que uno de los riesgos que conlleva esta modificación es que personas que sí tengan conflictos con la ley de sus países de origen –como un perseguido político– no puedan llegar a la instancia de expresar sus necesidades de protección.

Otro de los puntos que incorpora es la reducción del plazo de 15 a cinco días para interponer un recurso judicial frente a una resolución negativa en el otorgamiento del estatus de refugiado. Es decir que sólo quienes tengan acceso a un abogado podrán hacerlo. En este escenario, factores como las barreras idiomáticas, la falta de recursos económicos, o el desconocimiento del marco jurídico existente, podrían dificultar aún más el proceso de apelación.

Por último, el decreto incorpora a la CONARE como parte del Ministerio de Seguridad, y le otorga la capacidad de retirar el estatus de refugiado en caso de la persona haya abandonado Argentina, o que se determine que ya no corre riesgo en su país de origen. En noviembre de 2024, Fernando Soto, fue designado como Miembro Titular del Organismo. Es abogado y fue defensor de Luis Chocobar, un policía acusado de homicidio luego de dispararle a un ladrón por la espalda. Desde ese momento, mantiene un vínculo muy estrecho con Patricia Bullrich, y trabaja junto a ella en el Ministerio de Seguridad.

Abdoulaye tiene la certeza de que desea permanecer en el país. En Argentina hizo nuevos amigos, a los que quiere como si fueran hermanos. Y aunque el trabajo como vendedor ambulante es agotador, le alegra tener un empleo que le permite afrontar sus gastos, e incluso ayudar a su familia al otro lado del Atlántico.

Deportaciones políticas

El 14 de octubre de 2024, Enrique Riera, ministro del Interior de Paraguay, anunció que Argentina había retirado el estatus de refugiados a cinco ciudadanos paraguayos, entre ellos una mujer de 82 años. El gobierno de Santiago Peña reclamaba por la extradición, bajo el argumento de que se trataba de familiares de Carmen Villalba. Villalba es una de las fundadoras del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y desde 2004 cumple una condena en una cárcel de máxima seguridad.

En septiembre de 2020, el Ejército paraguayo asesinó a Liliana y María Villalba, dos niñas de once y doce años, en el marco de un supuesto operativo antiterrorista. En esa misma intervención desapareció Lichita, una sobrina de Carmen, que entonces tenía 14 años. A raíz de ese hecho, el Estado argentino otorgó asilo a 17 integrantes de la familia Villalba.

Por casi cinco años vivieron con cierta calma en la Provincia de Buenos Aires, y llevaron a cabo el reclamo de justicia acompañados por integrantes de la comunidad paraguaya, militantes y organismos de Derechos Humanos. Sin embargo, el 12 de abril del 2024, un allanamiento de la Policía Federal e Interpol los despertó por sorpresa a las 3 de la mañana. Myrian Villalba, hermana de Carmen, cuenta que la irrupción fue tan violenta que en principio pensaron que se trataba de un robo: “De golpe vi que 70 hombres armados me apuntaban. Recién ahí me enteré que teníamos una causa por terrorismo creada en marzo de 2024”.

Luego de aquel episodio, y ante el riesgo de ser deportados, la familia optó por huir a Bolivia, y de ahí a Venezuela. Una vez más, buscan reconstruir sus vidas y de a poco, forjar una nueva normalidad: “Estamos haciendo todo lo posible para seguir adelante. Aún así, no vamos a descuidar la demanda de justicia por Liliana, María y Lichita”, reflexiona Myrian.

El caso de Myrian no es el único. En agosto de 2024, la CONARE le retiró el asilo a Leonardo Bertulazzi, un ciudadano italiano de 72 años que vive en Argentina desde 2002. En la década del 70, había formado parte de las Brigadas Rojas, y el gobierno de Giorgia Meloni llevaba varios meses presionando para que se efectuara una deportación. Al igual que ocurrió con los Villalba, la policía allanó la vivienda de Bertulazzi sin ningún aviso previo de que existía una condena. Él, sin embargo, optó por quedarse en el país, y presentar una apelación frente a la Corte Suprema.
Rodolfo Yanzón es abogado. Se especializa en extradiciones y está a cargo de la defensa de Leonardo Bertulazzi. En diálogo con este medio, explicó que esta situación no es normal, sino que va en contra de lo estipulado por el derecho internacional de los refugiados. Además agregó que el DNU sancionado en octubre de 2024 le dio poder a Patricia Bullrich para definir quiénes son terroristas.

En Derechas 2.0, el historiador Steven Forti dice que una de las características de la derecha radical es su capacidad para articular estrategias a nivel global, e incluso copiar normativas o implementar medidas similares. En este sentido, ciertos rasgos de la reforma migratoria se asemejan a muchas de las medidas adoptadas por Donald Trump en Estados Unidos, como la criminalización del ingreso irregular, la limitación del acceso a servicios básicos para personas indocumentadas y el endurecimiento de los criterios para solicitar asilo, con un fuerte componente de securitización y exclusión. La originalidad no siempre le pertenece a la derecha. «

*Esta nota fue realizada como parte del taller Cambiar la Mirada. Nuevas narrativas sobre migración, coordinado por Eileen Truax, en alianza con Factual, ONU-DD HH, la Universitat Autònoma de Barcelona y CER-Migracions.