«Si la semana que viene aparece un hombre y dice que mató a mi hija ya no se va a poder hacer nada»

Alberto Lebbos dice que en Tucumán existe el crimen perfecto. Tiene motivos para creerlo. Hace 15 años asesinaron y descartaron a su hija Paulina al costado de una ruta. Desde entonces persiguió justicia, pero solo encontró una formidable red de encubrimiento política y policial que permitió que al momento de escribir esta nota faltaran menos de 48 horas para que la causa prescriba. “Si la semana que viene aparece un hombre y dice que mató a mi hija ya no se va a poder hacer nada”, se lamenta.

A los 66 años Alberto intenta una vida normal. Se levanta temprano, atiende el negocio familiar, se ocupa de mantener la casa. Pero eso es solo una parte de su tiempo. La mayor parte la ocupa la lucha: ir a los tribunales, reunirse con otros familiares de víctimas, atender cada pedido de ayuda. “En todos estos años uno ha adquirido una experiencia y puede hacer de asistencia, de guía, dar una señal, una indicación. La gente no tiene a donde pedir ayudar. En Tucumán, las oficinas para las víctimas son entes burocráticos que solo sirven para conchabar a los acomodados”.

A horas de cumplirse los 15 años del crimen de Paulina, la Corte de Suprema de Justicia de Tucumán dejó firmes las condenas del ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, el ex jefe de Policía Hugo Sánchez, el ex subjefe de Policía Nicolás Barrera, el ex subjefe de la Regional Norte Rubén Brito y el ex policía Waldino Rodríguez, quienes en febrero de 2019 fueron sentenciados a penas de entre tres y seis años de prisión por el delito de encubrimiento.

La misma resolución judicial ordenó investigar como posibles autores del crimen a Sergio Kaleñuk, hijo de Alberto Kaleñuk, ex secretario del ex gobernador y actual senador José Alperovich; César Soto, pareja de Paulina al momento del hecho, y Esteban Gómez, hermano de Roberto Gómez, quien había llegado al juicio de 2019 acusado de ser «partícipe secundario de la privación ilegítima de la libertad seguida de muerte» de la joven. Sin embargo, para evitar que el caso prescriba, es necesario que el Ministerio Público Fiscal impute a los tres sospechosos antes del viernes 26 de febrero, algo que, según los antecedentes de la justicia tucumana, es improbable.

“Estas son horas donde se mezclan grandes emociones; indignación, tristeza, bronca, furia, pena. Si miro para atrás, veo que hace 15 años que vengo gritando, haciendo alaridos para que la causa no prescriba. En Tucumán, el 90% de las causas penales se caen por el paso del tiempo. En la provincia hay un sistema perverso con abogados chicaneros que presentan nulidades y apelaciones, eso va dilatando el proceso. Por ejemplo, esta sentencia que acaba de sacar la Corte Suprema le tomó dos años. Lo único que hizo fue ratificar un fallo, es decir, cortó y pegó una sentencia. Es vergonzoso”, se queja Alberto.

El máximo tribunal provincial también dispuso que se investigue al entonces gobernador Alperovich y al actual subsecretario de Seguridad José Ardiles por haber aceptado en el año 2010 el ascenso de ex comisario Enrique García, condenado en el primer juicio de 2014 a cinco años de prisión por fraguar las actas de la declaración de un testigo y del hallazgo del cadáver.

“La sala 3 de la Cámara Penal condenó a los encubridores y ordenó investigar a los tres acusados por el homicidio, a Alperovich y a todos los que habían hecho falsos testimonios durante el juicio, pero en todos estos años el Ministerio Público Fiscal no hizo nada. La explicación es que son o fueron funcionarios públicos y policías. Los asesinos de Paulina son allegados al poder”.

“Hasta mi último aliento”

Paulina Lebbos tenía 22 años, una hija de cinco y la ilusión intacta de recibirse en la Facultad de Filosofía y Letras. El sábado 25 de febrero de 2006 aprobó la materia de Comunicación y lo festejó con su mejor amiga, Virginia Mercado (apuntada luego en el juicio por falso testimonio y sospechada de encubrir), en el boliche Gitana. Se sabe que las amigas salieron del local poco antes de las seis de la mañana y que compartieron un remís. Virginia se bajó en su casa y Paulina siguió hasta la de Soto, su pareja, pero nunca llegó.

Pasaron 13 días hasta que el cuerpo de Paulina fue encontrado a la vera de la ruta provincial 341, a la altura de Tapia, a unos 30 kilómetros de la capital tucumana.

Desde ese día, Alberto organizó más de mil marchas, envió al Senado de la Nación cerca de 200 notas pidiendo la creación de una comisión que investigue a Alperovich (mucho antes de las denuncias de abuso sexual que se hicieron públicas), impulsó la primera Ley de Víctimas de la provincia, soportó dos juicios y sigue esperando que, algún día, comience otro contra el ex fiscal Carlos Albaca, a cargo de la investigación del crimen de Paulina entre 2006 y 2013 y acusado por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“Yo he hecho un juramento –avisa el hombre– y es que, hasta el último día de mi vida, voy a luchar para que a cada uno de los responsables del crimen de mi hija les caiga todo el peso de la ley. Voy a luchar por Paulina hasta mi último aliento”.