El juez Rafecas elevó la causa por crímenes de lesa humanidad y recayó en el Tribunal Oral 2. Entre las víctimas está la hermana de Víctor Heredia y la mamá del periodista Camilo García. 30 siguen desaparecidos. Entre los acusados hay un ex carapintada y un ex diputado del Modín.
Rafecas dispuso la clausura de la instrucción y la elevación a juicio oral y público del expediente por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del Primer Cuerpo del Ejército. Para el debate fue sorteado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires.
Los imputados son Luis Fernández Bustos, Mayor del Ejército, quien se desempeñó como Segundo Jefe y jefe de la Plana Mayor del Regimiento de Infantería N°6 de Mercedes durante la dictadura y quien intentó suicidarse de un disparo en el pecho en junio del año pasado cuando supo que iba a ser arrestado en el marco de esta causa.
Con él están imputados Serapio del Río, Teniente Primero y Jefe de Compañía; Gustavo González Sass, Teniente Primero y Jefe de la Compañía Comando y Servicios; y los oficiales subtenientes Morello, Horacio Linari, Luis Alberto Brun y Sánchez Zinny, miembro del grupo de militares que se acuarteló durante la Semana Santa de 1987 en Campo de Mayo.
La causa investiga los secuestros de 37 militantes del área de prensa del ERP cometidos en la zona Oeste del Gran Buenos Aires, que fueron realizados por el RI6. El expediente comenzó con la investigación del operativo ilegal realizado el 10 de julio de 1976 en lo que era la imprenta de las revistas “El Combatiente” y “Estrella Roja”, ambas publicaciones del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
En ese lugar fue asesinado durante un tiroteo José Emilio Arancibia, mientras que otro militante fue secuestrado y torturado. El lugar funcionaba también como “cárcel del pueblo” donde el grupo guerrillero mantuvo en cautiverio al Vicecomodoro de la Fuerza Aérea Roberto Echegoyen, ultimado durante el intercambio de disparos entre guerrilleros y militares.
El Juez pudo acreditar que el operativo surgió del interrogatorio ilegal y bajo torturas de un jefe de propaganda del ERP detenido días antes y que fue obligado a “marcar” la imprenta y otro domicilio, donde fueron secuestradas dos víctimas.
La investigación permitió hilvanar las detenciones ilegales de 37 víctimas, en su mayoría en Luján, todas ellas con algún tipo de vinculación con la creación, edición, impresión o distribución de “El Combatiente”. A la par, pudo reconstruir la relación de militancia (las víctimas en su mayoría eran del PRT-ERP), y la relación directa entre las víctimas, por la concurrencia a la misma Escuela, o la asistencia a lugares como el taller literario del reconocido escritor Dardo Dorronzoro, víctima de este tramo de la Megacausa Primer Cuerpo.
Entre las víctimas desaparecidas se encuentra María Cristina Cournou, (a quien su hermano, el cantante Víctor Heredia, le escribiera la canción Carta a María Cristina), y su esposo, el también escritor Claudio Nicolás Grandi, así como también Rocío Martínez Borbolla, editora de “El Combatiente”, madre de Bárbara García y del periodista Camilo García.
Los testimonios de los cinco sobrevivientes que estuvieron cautivos y de ex soldados conscriptos Rafecas concluyó que el RI6 de Mercedes operó en un centro clandestino de detención instalado en una quinta que aún no pudo ser localizada.
Entre las pruebas hay dos capuchas verdes utilizadas por los militares. Ambas fueron aportadas por las víctimas, una de ellas por la esposa del escritor Dorronzoro, a quien liberaron con la cabeza tapada en su primer secuestro.
En la resolución se probó la privación ilegal de la libertad de 37 personas, la aplicación de torturas a cinco de ellas y el homicidio de 8, hechos en los que intervino el Regimiento de Mercedes. El TOF2, integrado por los Jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Alberto Tassara y Jorge Luciano Gorini, deberá llevar a cabo el juicio oral y público.
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